España: La escuela de la II República

No se entendería bien el esfuerzo republicano por secularizar la escuela y la vida docente en general, por la defensa del carácter público de la enseñanza y de los principios de universalidad, igualdad, gratuidad y libertad, sin volver la vista a la centuria anterior, durante la cual se mantienen en pugna constante tales principios.

Algunos de los factores que marcan la vida política y social de España en los últimos años del siglo XIX contribuyen a alimentar la idea del desastre nacional forjado por el discurso regeneracionista, que elevaba la cuestión del analfabetismo y de la falta de escuelas en toda la nación a la categoría de "problema nacional."

El lastre supuesto por la pérdida del último residuo colonial en 1898, la desaparición de las dos figuras claves de la Restauración, Cánovas y Sagasta, y una profunda crisis provocada por el agotamiento político de la "alternancia" y desgaste del sistema caciquil, constituyen el telón de fondo bajo el que se proyectará el comienzo de la siguiente centuria. En el entramado social, se vislumbra una activa presencia del proletariado, acompañado de un creciente sentimiento regionalista y, junto a las ideas reformistas, la pervivencia de los valores tradicionales y las viejas cuestiones pendientes entre Iglesia-Estado o la pugna entre centralismo-autonomía.

Paralelamente a la educación institucionalizada y sobre la base de los postulados krausistas, la Institución Libre de Enseñanza articula un amplio movimiento renovador de la educación, conectado a las corrientes pedagógicas de la "escuela nueva" que se extiende por Europa. El objetivo era formar personas capaces de conducir su propia existencia a partir de un ideal armonioso que presidiera todas las facultades del hombre en aras de la honradez, la laboriosidad y la cultura.

La pasividad y desinterés gubernamental por la educación propicia la iniciativa privada de dos sectores diametralmente opuestos. Por un lado, la Iglesia católica celebra en 1901 el año jubilar con la participación de numerosas congregaciones de fieles y procesiones, desplegando una amplia actividad docente que es llevada a cabo por las diferentes órdenes religiosas. Desde la izquierda, el sector anarquista representado por Ferrer i Guardia funda en el mismo año la primera Escuela Moderna siguiendo los preceptos de una escuela racional y laica que proporcione una educación integral y autónoma, sin premios ni castigos, en el marco de la coeducación y la igualdad de los sexos. Desde similar posición ideológica, el Partido Socialista, con Núñez de Arena a la cabeza, funda la Escuela Nueva en 1910 con un marcado deseo de prestar atención a las necesidades culturales, profesionales y políticas de la clase obrera. Tanto los principios de la Institución Libre de Enseñanza como el programa educativo del Partido Socialista constituirán la base y soporte de la reforma educativa republicana y de la labor legislativa gubernamental.

Fracasada la solución dictatorial iniciada en 1923 por Primo de Rivera, la Monarquía sufre, a la altura de 1931, un importante deterioro en la sociedad española, especialmente entre las clases trabajadoras y urbanas. El que sería el último gobierno dinástico, encabezado por el almirante Aznar, en un intento de salvar la institución monárquica, convocaría un proceso electoral que se iniciaría con unas elecciones municipales a celebrar el 12 de abril de 1931. La aceptación de republicanos y socialistas de estas elecciones, presentando candidaturas en todas las ciudades y en la mayoría de los pueblos más importantes, encerraba una estrategia que a la larga dinamitaría al sistema político de la Monarquía.

El carácter plebiscitario que los resultados tuvieron fue reconocido por el propio Rey. Y para ello bastó el conocimiento de estos resultados en las grandes ciudades, donde se podía palpar el verdadero sentir de la opinión pública. Los resultados en el ámbito rural, especialmente en los municipios más pequeños, no restaban valor en este sentido al estar las elecciones, y la propia proclamación de las candidaturas, mediatizadas por el peso del caciquismo.

Para alcanzar el poder, los dirigentes republicanos sólo tuvieron que recoger lo que los propios monárquicos habían abandonado. Y esa recogida del poder la hicieron arropados por una explosión popular de fervor republicano. De ello nos han quedado muchos testimonios: relatos periodísticos, testimonios cinematográficos y fotografías que reflejan el entusiasmo de una mayoría de españoles en la primavera de 1931.

La España republicana heredaba, en primer lugar, las contradicciones que el liberalismo español había sido incapaz de resolver a lo largo del siglo XIX y que habían arreciado en el primer tercio del siglo XX. Nos referimos al problema social, a las diferencias sociales que se hacían especialmente agudas en la España agraria latifundista que abarcaba las provincias de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde inmensas capas de jornaleros, campesinos sin tierra, padecían la hambruna y la injusticia social. Los primeros años republicanos iban a coincidir, además, con una grave crisis económica mundial cuyos efectos se harían notar también en España. Los gobiernos se encontrarían, así, con unas arcas vacías que les impedirían paliar los graves problemas sociales. En segundo lugar, la vieja contradicción entre estado religioso y estado laico, problema que incidiría especialmente en las soluciones al problema de la enseñanza y cuyo articulado constitucional evitaría consensos más amplios. La tensión entre la España centralista y las periferias se arrastraba también desde el siglo anterior, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Por último, debía resolverse la vieja cuestión española de solucionar los problemas políticos con la intervención de los militares.

Muchos, importantes, angustiosos y difíciles problemas para un sistema, la República, que a sus propias debilidades habría de añadir el asedio de fuerzas fácticas como la mayor parte del ejército profesional, la mayor parte de la jerarquía eclesiástica, los terratenientes agrícolas y muchos de los empresarios industriales y urbanos. De entre ellas, el ejército comandado por el general Franco, le asestaría un golpe en julio de 1936 que acabaría siendo mortal a la altura de 1939.

La II República conoció los avatares de la alternancia política devenida de tres procesos electorales. Así, las primeras elecciones generales se celebrarían a finales de junio de 1931 después de que un gobierno provisional solventara las cuestiones más perentorias. El primer parlamento republicano se aplicó, dado su carácter constituyente, a la elaboración de una constitución. Este parlamento era fruto de la victoria de socialistas y republicanos que habían reproducido las coaliciones electorales del 12 de abril. El texto constitucional suponía una primera toma de postura ante las grandes cuestiones antes citadas con la inclusión del articulado que otorgaba rango constitucional a las iniciativas del Ministerio de Instrucción Pública: control estatal sobre el proceso educativo, escuela unificada y laica en el nivel primario y regulación del derecho a crear centros docentes.

El proceso de discusión del texto constitucional puso también de manifiesto las diferencias incluso entre partidos que habían formado la coalición gubernamental y lo que es más importante, la derecha no se sintió identificada con la Constitución republicana y, desde el día siguiente de su promulgación, puso la vista en la llegada del momento de su revisión.

Esta coalición de republicanos de izquierda y socialistas, encabezada por Azaña, (la derecha republicana y los radicales la abandonarían en octubre de 1931) abordaría, no obstante, la política reformista con mayor o menor fortuna. Ya a la altura del verano de 1932, se pondría de manifiesto la oposición de la derecha que volvió a la vieja fórmula del levantamiento militar promovida, ahora, por el general Sanjurjo apoyado en la sombra por una trama civil. El objetivo sería modificar la orientación "izquierdista" de esta coalición y el pretexto, el debate sobre el Estatuto de Cataluña.

Las segundas elecciones generales tendrían lugar en noviembre y diciembre (segunda vuelta) de 1933. Esta vez ganaría el centro derecha (radicales y CEDA). A ello contribuyó fundamentalmente un sistema electoral que premiaba las coaliciones electorales ya que, mientras la derecha se presentaba unida, socialistas y republicanos de izquierda iban separados. Se iniciaba así el "bienio rectificador", término acuñado por la propia derecha ya que se trataba de rectificar la política reformista del primer bienio en lo referente a los estatutos (se suspendería el catalán y se retrasaría el vasco), la reforma agraria, y se intentaría la reconquista de la Iglesia y el Ejército al precio que fuera. Ejemplo de la inestabilidad política, que a la postre debilitaría a la Segunda República, sería, en este bienio, la conocida "revolución de octubre de 1934," contrapunto al intento de golpe militar de Sanjurjo.

Desgastados por la corrupción los gobiernos radicales, se iniciaría otra crisis política a la altura de septiembre de 1935 que concluiría con las elecciones de febrero de 1936, en la que una corta diferencia de votos otorgaba una consistente mayoría parlamentaria a la izquierda. Se iniciaba, así, la tercera etapa republicana, la del Frente Popular, pero ya con un país muy dividido, con una clase política cada vez más radicalizada, en la que la ideología de cada partido se situaba por encima de la defensa del régimen democrático, al tiempo que se debilitaba a éste.

La política educativa

Las tres etapas, marcadas por el peso de las fuerzas políticas izquierdistas o derechistas, tuvieron su repercusión sobre las medidas educativas que se adoptaron. El primer bienio supone el de mayor trascendencia en materia legislativa y el verdadero artífice del cambio en la escuela. Durante el mismo se suceden, como ministros de Instrucción Pública, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, que se hace cargo de la cartera ministerial tras la dimisión de Marcelino Domingo el 16 de diciembre de 1931. Otras personas claves en ese ministerio son Domingo Barnés Salinas, Subsecretario, y Rodolfo Llopis, Director General de primera Enseñanza.

Algunas de las medidas adoptadas inicialmente se toman a golpe de decreto. La primera medida -29 de abril- hacía referencia al bilingüismo de Cataluña y del resto de las regiones que disponían de lengua propia. El reconocimiento del derecho a recibir la educación en la propia lengua sería recogido más tarde por la Constitución. El cinco de mayo, aparecía una circular encaminada a dar nueva vida al Consejo de Instrucción Pública y, al día siguiente, se suprimía la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, liberando al maestro de tal ejercicio en reconocimiento de su libertad de conciencia, en sintonía con el carácter laico de las escuelas europeas que predicaban una moral cívica y universal. A finales de ese mismo mes de mayo, conectando con algunos de los anhelos más profundamente sentidos por la República, la erradicación del analfabetismo, la elevación del nivel de instrucción de la población y la compensación de las desigualdades, más acusadas en el medio rural, se pondría en marcha el ambicioso proyecto de extensión cultural de las Misiones Pedagógicas.

Poco después, se procedía a la creación de los Consejos Escolares de Primera Enseñanza; venían a sustituir a las Juntas Provinciales y Locales y abarcaban cuatro ámbitos: universitario, provincial, local y escolar. Pero una de las medidas de mayor trascendencia sería la de acometer un plan masivo de construcciones escolares que comenzaría con la dotación de 7.000 nuevas escuelas sufragadas con un crédito extraordinario. Era sólo el comienzo de un plan quinquenal que quería repartir por toda la geografía nacional un total de 27.151 escuelas para paliar el déficit existente. La ampliación de escuelas llevaba aparejada otra serie de reformas entre las que se inscribían, la reforma de las condiciones económicas de los maestros -6.833 maestros pertenecientes al 2º Escalafón vieron ascendidos sus ingresos-, y el sistema de acceso a la enseñanza, así como la mejora de las Escuelas Normales. Tras el verano de 1931 se procedió a la reforma de las mismas, implantando el denominado "plan profesional" y la unificación de los dos sexos en una sola Normal mixta.

Otros niveles educativos no quedarían relegados, si bien las medidas tomadas eran en algunos casos transitorias y de menor alcance. Las medidas de mayor repercusión tienen que ver con la ardua cuestión religiosa. El 23 de enero de 1932 se procedía a decretar la disolución de la Compañía de Jesús y, el 2 de junio del año siguiente, se dictaba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que era la consecuencia directa de poner en práctica el mandato constitucional.

Las medidas decretadas durante el segundo bienio iban encaminadas a desmantelar la obra legislativa del anterior. Se dejaba en suspenso las normas sobre construcción de grupos escolares y se decretaba la supresión de la coeducación en los centros de enseñanza primaria, manteniendo la pretensión de aplicar las mismas medidas en las Escuelas Normales, y se procedía a la reforma del segundo nivel de enseñanza. Lo más llamativo, no obstante, sería que, pese a que la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas expresaba en su artículo 30 la prohibición de crear o sostener Colegios de Enseñanza privada directa o indirectamente valiéndose de personas seglares interpuestas, se produjo una transferencia de titularidad de muchas órdenes religiosas a personas ajenas a dichas comunidades pero imbuidas de los mismos principios doctrinarios, lo que daría paso a la aparición a la SAEL (Sociedad Anónima de Enseñanza Libre).

Tras la victoria del Frente Popular, el Gobierno presidido por Azaña colocaba, nuevamente como ministro de Instrucción Pública, a Marcelino Domingo y como subsecretario a Domingo Barnés, y se asumían los mismos principios que habían permitido la revolución de la enseñanza en el primer bienio, anulándose las decisiones del bienio derechista. Pero poco se pudo hacer porque la sublevación del ejército, el 18 de julio de 1936, anunciaba la ruina definitiva de un régimen legítimamente constituido y se daba comienzo al período más oscuro de nuestra historia contemporánea.

Miles de maestros, tras el triunfo del golpe militar, tuvieron que optar por el camino de un incierto y duradero exilio o soportar el peso de la represión franquista. Quienes se quedaron fueron sometidos a los juicios de las comisiones de depuración constituidas para castigar, sobre todo, a los sectores más progresistas e innovadores desde el punto de vista educativo y, a su vez, los más comprometidos con el proyecto republicano de cambio político, social, y económico. Entre 15.000 y 16.000 maestros sufrieron expedientes de depuración. Como consecuencia de ello, unos se verían abocados a la separación e inhabilitación absoluta o parcial para la enseñanza, otros se verían suspendidos de empleo y sueldo, trasladados, y sometidos a expedientes disciplinarios o inhabilitados para el desempeño de cargos públicos o directivos.

Mirar el pasado no es justificarlo ni emanciparse de él sino intentar encontrar las claves para comprender mejor nuestro propio presente, porque como dice Josep Fontana: "Debemos buscar las reformas que pueden permitirnos construir un futuro de progreso, crecimiento y equidad, como el que querían los hombres de 1931, de cuyos proyectos, ambiciones y sueños somos los legítimos herederos, con todo lo que ello tiene de privilegio y con todo lo que tiene de deber".

(*) Universidad de Huelva. Comisarios de la exposición sobre la escuela de la II República.