Russell Mokhiber y Robert Weissman: EEUU: Una inundación de fraudes- La Insignia

No cabe duda de que la ayuda tras el huracán y la reconstrucción en Nueva Orleans y la costa del golfo de México van a plantear muchos desafíos realmente difíciles. Pero algunas cosas parecen muy sencillas.

Por ejemplo, es una idea estúpida usar trasatlánticos para alojar a evacuados y después pagar a las compañías de cruceros cuatro veces lo que habrían cobrado a los turistas. Sin embargo, eso es exactamente lo que está haciendo la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Una investigación de los senadores Tom Coburn, republicano por Oklahoma, y Barack Obama, demócrata por Illinois, concluyó que lo que debería haber sido un acuerdo de emergencia a corto plazo de la FEMA se está convirtiendo en un despilfarro de seis meses. La FEMA ha firmado un contrato con Carnival Cruise Lines, al precio de 192 millones de dólares, para alojar a evacuados del huracán en tres trasatlánticos.

El resultado, según los senadores, es que "los contribuyentes están pagando, por evacuado, cuatro veces la cantidad que habría tenido que pagar el pasajero de un crucero. Tres buques de Carnival están sólo a la mitad de su capacidad y en su mayor parte ocupados por trabajadores de agencias de ayuda. Los gastos generales de Carnival en la operación de la FEMA son muy inferiores a los que tendría en un crucero normal. Los buques están en puerto. No se está usando combustible y no hay servicios de entretenimiento para los trabajadores de las agencias de ayuda. Aun así, los contribuyentes están pagando 2.550 dólares por huésped a la semana, lo que es cuatro veces los 599 dólares que paga una persona por los siete días de crucero por el Caribe Occidental que sale desde Galveston, Texas."

Otra cosa que parece sencilla: el gobierno no debería firmar contratos con compañías que han hecho del robo en costumbre o que realizan actividades ilegales e irresponsables (eso es lo que resulta que dice la legislación estadounidense, que establece que el gobierno debe contratar únicamente a "posibles contratistas responsables").

Hay muchas empresas de las que se podría decir razonablemente que no cumplen este requisito, pero sería difícil encontrar una que incumpla de forma tan estrepitosa como Halliburton.

Observando esto, diecinueve miembros del Caucus Progresista del Congreso escribieron la semana pasada al presidente Bush, instándole a que Halliburton sea "suspendida de cualquier contrato para la evaluación de daños del huracán y de reconstrucción hasta que finalicen las numerosas investigaciones en curso sobre la compañía".

La versión abreviada de las fechorías de Halliburton que se cita en la carta del Caucus Progresista incluye:

-Soborno. Halliburton ha reconocido que su filial KBR "podría" haber sobornado al gobierno de Nigeria para obtener un contrato de construcción por valor de varios miles de millones de dólares.

-Fraude en pujas para proyectos en el extranjero. El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación penal sobre Halliburton por fraude en pujas en relación con el trabajo de la empresa en proyectos de construcción en el extranjero.

-Una epidemia de fraude y despilfarro en Irak. Al parecer, la compañía ha cobrado a los contribuyentes 45 dólares por un paquete de refrescos. El inspector general de la Autoridad Provisional de la Coalición estadounidense descubrió que Halliburton había cobrado al gobierno 2,85 millones de dólares por gastos de hotel en Kuwait a pesar de que existían alojamientos más baratos. Una agencia auditora de Defensa afirma que la empresa cobró de más en concepto de combustible por valor de 200 millones de dólares, y aumentó el precio de las comidas servidas a las tropas (¿es realmente cierto que el ejército no puede alimentarse?).

(Para un dossier completo sobre las fechorías de Halliburton y el texto de la carta del Caucus Progresista, véase halliburtonwatch.org)

La petición del Caucus Progresista fue aclamada por nuestros colegas del Centro para la Política Empresarial y Halliburton Watch. "El frenético reparto de contratos entre amigotes bien relacionados y sinvergüenzas amenaza con añadir a los contribuyentes a la lista de víctimas de la catastrófica respuesta de la administración al Katrina, igual que vimos en Irak", dice Charlie Cray, director del Centro para la Política Empresarial. Cray advierte de los peligros de una "inundación de fraudes en el futuro".

Aunque las reglas federales están concebidas para garantizar que el gobierno contrata a empresas que harán el trabajo que se supone que hacen con honradez y conforme con las normas laborales, sobre medio ambiente y otras normas pertinentes, la idea de suspender o excluir a empresas que se comportan mal para impedir que metan mano a la caja registradora del gobierno tiene otras ventajas no tan triviales.

El gobierno estadounidense gasta más de 250.000 millones de dólares al año en bienes y servicios. Es el mayor consumidor del mundo. En muchas industrias y para muchas empresas, es un cliente crucial: no poder hacer negocios con el gobierno les causará un dolor real. Así, incluso la aplicación esporádica de la norma sobre la responsabilidad del contratista contra empresas de la lista Fortune 100 tendría un importante efecto disuasorio para la delincuencia y los abusos de las empresas.

Naturalmente, Halliburton no es una empresa más, así que las probabilidades de que la administración Bush siga la recomendación del Caucus Progresista no son muchas.

Por otra parte, ¿quién habría imaginado al presidente Bush ordenando, como hizo la semana pasada, a las agencias federales que "conserven el gas natural, la electricidad, la gasolina y el gasóleo en la máxima medida compatible con el cumplimiento efectivo de las responsabilidades públicas"?

El huracán Katrina lo ha revuelto todo en Washington, además de en la costa del golfo de México. Están surgiendo oportunidades no sólo para los especuladores que esperan sacar provecho del sufrimiento causado por Katrina y Rita, sino para los defensores de la justicia social y medioambiental, así como para un atisbo de responsabilidad empresarial.

(*) Russell Mokhiber es editor de Corporate Crime Reporter, con sede en Washington D.C. Robert Weissman es editor de Multinational Monitor, con sede en Washington, D.C. Ambos son coautores de Corporate Predators: The Hunt for MegaProfits and the Attack on Democracy (Monroe, Maine, Common Courage Press, 1999).