España: Los olvidados

Un año más conmemoramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Algún responsable político se acordará de la fecha y organizará una comida, un festival o aprovechará para hacerse una foto haciendo senderismo con un grupo de mayores por la sierra madrileña. Mientras tanto, para el común de los mortales, el día pasará sin pena ni gloria y para la mayoría de nuestros mayores con más pena que gloria.

En Madrid hay 850.000 personas mayores de 65 años. Estamos hablando del 15 por ciento de la población madrileña. Casi el 45 por ciento de esas personas tienen más de 75 años. Estamos muy ocupados en esta Comunidad en hablar de las obras, la sanidad, la educación, las olimpiadas, la inmigración, la salud laboral, los altos precios de la vivienda, las concesiones de canales de televisión digital, la OPA de Gas Natural sobre ENDESA o la sequía. Todos ellos son temas muy importantes. Hacemos bien en preocuparnos por ellos porque afectan a nuestro modelo de desarrollo, a nuestra capacidad de generar empleo estable, a la igualdad de oportunidades, a la cohesión social, a la salud de los ciudadanos o a las libertades públicas.

Son temas que tienen relevancia cada día en la prensa o que suscitan polémicas enconadas durante el Debate sobre el Estado de la Región. Los mayores, sin embargo, han pasado en los últimos tiempos a convertirse en invisibles, salvo cuando un suceso derivado casi siempre del abandono se traduce en un trágico fallecimiento. Los mayores en la Comunidad de Madrid son, en estos momentos, los grandes olvidados.

El reto de la financiación sanitaria ha marcado la pasada reunión de la Cumbre de Presidentes Autonómicos con el presidente del Gobierno, pero junto a este problema, el Gobierno central, los gobiernos autonómicos y municipales, deberían de situar el de la atención a las dependencias. España dedica un 46 por ciento menos que la media europea de los 15 y un 33 por ciento menos que la media de la Europa de los 25 a protección social de la vejez. En España, como en algún otro país mediterráneo, son las familias y especialmente las mujeres dentro de cada familia, quienes atienden las necesidades derivadas de las situaciones de dependencia de las personas mayores. La cobertura de plazas residenciales públicas para personas mayores sólo alcanza al 1 por ciento de las personas mayores.

Mientras que a lo largo de los últimos cinco años las plazas residenciales públicas han crecido un 16 por ciento, las plazas privadas concertadas lo han hecho en un 145 por ciento y las privadas cofinanciadas un 153 por ciento. Serían necesarias en este momento más de 16.000 plazas públicas para atender la demanda más urgente.

Por otro lado, en una política de atención a las dependencias de los mayores, la existencia de plazas en centros de día o el incremento de la ayuda a domicilio son elementos esenciales, alternativos a la institucionalización, que permitirían liberar a las familias de la presión de atender estas necesidades y que permitirían que la tasa de empleo de las mujeres se incrementase. Sin embargo, las carencias siguen siendo muy importantes y serían necesarias ya 20.000 plazas más en centros de día y 36.000 usuarios más en ayuda a domicilio para cumplir tan siquiera los objetivos de hace más de una década de atención a los mayores. La ayuda a domicilio mantiene una intensidad de horas de cobertura que no llega a las 19 horas mensuales, lo cual nos mantiene muy alejados de la mínima cobertura de 35-40 horas.

Nuestros mayores tienen derecho a envejecer con dignidad, con calidad de vida y, siempre que sea posible, en su domicilio. Para ello hay que contar con suficientes plazas residenciales a precios asequibles para atender los casos de dependencia graves e incrementar los programas alternativos al ingreso en una residencia cuando los casos de dependencia permitan que el mayor siga en su casa.

Las dependencias son un asunto de Estado. Tan de Estado, al menos, como la sanidad o la reforma de los estatutos de autonomía. En nuestra capacidad de abordar el problema nos jugamos el futuro de la cohesión y la equidad en nuestro país. Por ello, junto a la subida de las pensiones, especialmente de las pensiones más bajas, hay que incorporar el esfuerzo del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para negociar, con el más amplio consenso de las fuerzas políticas y de los agentes económicos y sociales, un pacto por las dependencias que saque a nuestros mayores de la invisibilidad y corte de raíz el deterioro de sus condiciones de vida.

Los olvidados de hoy, deben de convertirse en centro de la preocupación de todos cuanto antes. No estuvieron presentes, más allá de consideraciones generales, en el Debate sobre el Estado de la Región. No han sido mencionados en las cumbres de presidentes autonómicos. Su día internacional, que debería ser el de todos, pasará con toda probabilidad sin demasiada atención salvo la propagandística. Esperemos que el inminente debate sobre los Presupuestos de la Comunidad de Madrid no se salde con un nuevo silencio que, en todo caso, no haría sino agudizar los problemas y retrasar las soluciones para aquellos que, habiendo construido el pasado, siguen siendo parte esencial de nuestro presente y en cuya dignidad nos jugamos el futuro.