Arnaldo Pérez Guerra: Chile: Más juicios contra mapuches

Luego de 25 días, los presos políticos mapuche Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao, Patricio Marielo Saravia, Jaime Huenchullán y Jorge Manquel, concluyeron la huelga de hambre con un evidente deterioro de salud. En la enfermería de recinto penitenciario de Temuco se les suministró suero y complementos alimenticios. Durante la huelga, Jorge Manquel sufrió el sangrado de sus oídos, permaneciendo varios días postrado. Jaime Huenchullán presentó serios problemas renales y pérdida momentánea de la visión. Los demás padecieron náuseas, mareos e intensos dolores de cabeza. "Aun no contamos con información concreta sobre su estado salud, ya que no tenemos un informe medico", señala la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche (Afappm). La única mujer que participó del movimiento, Patricia Troncoso, se encuentra en la cárcel de Angol con un delicado estado de salud.

Tras poner fin al movimiento, los mapuches expresaron que continuarán las conversaciones que se desarrollaron en el transcurso de la huelga con el gobierno, aclarando que si éstas no prosperan no descartan -una vez recuperados-, reiniciar su movilización. Demandan el cese a la represión a las comunidades y su "desmilitarización", el cierre de todos los procesos judiciales seguidos en su contra en el contexto de la reivindicación territorial y política, la libertad inmediata de todos los presos políticos mapuche, y la derogación de la Ley Antiterrorista -Juan Carlos Huenulao, uno de los huelguistas enfrenta un juicio oral este 12 de abril acusado de "incendio terrorista"-, y que todos los imputados tengan una "debida defensa que garantice sus derechos humanos".

La huelga concitó el apoyo de organizaciones internacionales. El Comité Memoria y Justicia de Ginebra (Suiza) envió cartas a la gobernadora provincial de Malleco, Tamara Carvajal, y al alcaide del Penal de Angol, Ramón Espejo. Solicitaron que los mapuches fueran examinados por un médico independiente y que se transmitiera a las autoridades del ministerio de Interior su protesta por la utilización de la Ley Antiterrorista: "Exigimos que el gobierno haga lo necesario para la pronta derogación de esta Ley en lo que se refiere a los conflictos sociales. La criminalización de las luchas sociales no hace sino aumentar las tensiones y el clima de enfrentamiento, y en definitiva, es una fuente de injusticia. La comunidad internacional está tomando cada vez más conciencia de la manera errada con que el Estado chileno está tratando estas cuestiones. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuyos trabajos se desarrollan actualmente en Ginebra, hasta el 22 de abril, está recibiendo información sobre esta situación que se desarrolla en la provincia que Ud. gobierna". Las misivas, hasta ahora, no tienen respuesta.

El caso de Jorge Manquel

Human Rights Watch y el Relator de Derechos Humanos de la ONU han demostrado preocupación por la continua aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de dirigentes mapuche y comuneros, entre ellos Jorge Manquel, 35 años, uno de los huelguistas. Manquel, detenido en febrero de 2004 en la comunidad Ancapi Ñancucheo, fue interrogado por Fuerzas Especiales de Carabineros que lo mantuvieron una noche en el cuartel de Ercilla, dejándolo en libertad al día siguiente sin ser acusado de ningún delito. Manquel se trasladó a Curicó a trabajar de temporero. Allí fue arrestado nuevamente y enviado a la cárcel de Angol, donde sigue detenido. La comunidad Ancapi Ñancucheo limita con el Fundo de René Urban, conocido latifundista sobre el que pesan denuncias de colaboración con los militares y carabineros que torturaron a mapuche en dictadura. Este 4 de abril, se inició la primera audiencia del juicio oral en contra de Manquel, a quien el latifundista René Urban acusa de "incendio terrorista", la quema de una sementera de trigo de su propiedad. El ministerio Público solicita 5 años de prisión para Manquel, mientras el querellante -representado por su abogado Enrique Stappung-, pide 10 años más indemnizaciones de 15 millones por pérdidas económicas y 10 millones por daño moral. Stappung es uno de los fundadores del grupo paramilitar antimapuche "Trizano".

Los familiares de Manquel denuncian la inexistencia de un debido proceso y que la Defensoría Penal Pública no se preocupó de su defensa, abandonándolo por más de un año. "Cuando esta falta de gestión fue denunciada a la prensa se dieron el trabajo de reunir pruebas y antecedentes. Nuevamente un tribunal chileno juzga a un mapuche, ante el silencio cómplice de los medios de comunicación y de quienes se dicen amantes de los derechos humanos. El abogado defensor inició una defensa basada en el supuesto retardo mental de Jorge Manquel, en su debilidad, le trató de enclenque y de borracho. Manquel pidió declarar e hizo uso de su derecho. Dio un testimonio tranquilo, claro, lento y sin imprecisiones y no quedó claro quienes son los retardados mentales. Quienes cayeron en muchas contradicciones fueron René Urban y su hija, que han dado más de tres declaraciones diferentes. Este Juicio huele a racismo. ¿En esto consistirá el nuevo trato del Estado chileno hacia el pueblo mapuche?".

El 23 de marzo, la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche (Afappm) se reunió con la Directora Regional de Gendarmería y el Seremi de Justicia: "Nos hablaron afectuosamente de la voluntad del gobierno para responder a las demandas que les presentábamos, pero siempre y cuando les ayudáramos a 'persuadir' a nuestros familiares para que abandonasen la huelga de hambre. Creemos que esto obedece a la conducta histórica de las autoridades chilenas, que siempre han tratado por todos los medios de acallar la voz de disconformidad del pueblo mapuche, y que en estos momentos resulta muy molesta, pues se está en tiempo de elecciones y al gobierno le interesa quedar muy bien posicionado internacionalmente como el más respetuoso de la democracia. Las preocupaciones de organismos internacionales de derechos humanos por nuestros familiares les inquietan pues podría afectarles inclusive en su apuesta por la elección del ministro Insulza ante la OEA".

Nuevo juicio a la Coordinadora Arauco-Malleco

El jueves 7 de abril, la Segunda Sala de la Corte Suprema anuló el falló del tribunal oral en lo Penal de Temuco, que en noviembre pasado absolvió a 8 mapuches pertenecientes a la Coordinadora Arauco-Malleco acusados de "asociación ilícita terrorista". "Según el máximo tribunal, la ausencia de valoración de las pruebas inculpatorias presentadas por la Fiscalía del Ministerio Público, entre ellas los polémicos 'testigos sin rostro', ameritaría la realización de un nuevo juicio oral en contra de los dirigentes mapuche, varios de los cuales permanecen encarcelados. Juan Agustín Figueroa, ex ministro de Estado y uno de los querellantes en la causa, estuvo presente en los alegatos, lo que fue criticado por la defensa de los mapuche", informó Azkintuwe Noticias. La presencia del abogado y ex ministro Figueroa fue interpretada como una "presión indebida" sobre los magistrados, en atención a su calidad de miembro del Tribunal Constitucional.

El 4 de noviembre en un fallo de primera instancia, el tribunal de Temuco, resolvió que no podía acreditarse el delito de asociación ilícita terrorista. Luego de dos años de investigación, el Ministerio Público acusó a los dirigentes mapuche de participar en una agrupación de carácter "terrorista", responsable de incendios a seis casas patronales y bosques de diez fundos, además de desórdenes y daños a la propiedad pública y privada ocurridos entre enero de 2001 y noviembre de 2002, en las comunas de Vilcún, Ercilla, Collipulli, Traiguén, Galvarino y Temuco. Tras el fallo que los absolvió, el Ministerio Público recurrió de nulidad ante la Corte Suprema. La resolución del 7 de abril anula el fallo inicial y ordena repetir el juicio. De los 18 acusados solo comparecieron ocho: Patricia Troncoso, quien cumple una condena de 10 años y un día por "incendio terrorista" del fundo Poluco Pidenco de Ercilla; Pascual Pichún y Aniceto Norín, condenados a 5 años y un día el 2003 por "amenazas terroristas" en contra de los propietarios de los fundos Nancahue y San Gregorio de Traiguén; José Llanca, condenado por ataque con arma de fuego a los propietarios del fundo Ginebra de Ercilla en el año 2001; Jorge Hauaiquín, Mauricio Contreras, Oscar Higueras y Marcelo Quintrileo, acusados como "miembros operativos de la asociación ilícita". Prófugos se encuentran José Huenchunao -condenado a 10 años y un día por el delito de incendio terrorista-, José Llanquileo y Hector Llaitul, entre otros.