Ariel Ruiz Mondragón: Desaforados despliegues intelectuales

Los intelectuales como caja de resonancia

El lunes 21 de febrero, en medio de la tormenta declarativa acerca del proceso de desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, nos desayunamos con un desplegado dirigido a los diputados de la LIX Legislatura y a la opinión pública, firmado por 57 intelectuales. La parte medular, que a nuestro parecer es la segunda del texto, dice así:

"La construcción de un auténtico Estado de derecho supone que la ley se aplique de manera estricta, sistemática y universal. Existe la percepción, fundada en numerosos ejemplos concretos, de que en los últimos años se ha hecho una aplicación selectiva y arbitraria de los criterios de legalidad o ilegalidad al aplicarlos, según la conveniencia, a diversas situaciones.

"No es raro, pues, que la solicitud de desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal suscite suspicacias, en amplios sectores, que advierten el propósito interesado de suprimir a un adversario político.

"Sería grave erosionar a la institución electoral, que es el único camino admisible para cambiar autoridades. Una atmósfera de desconfianza y escepticismo conduciría, previsiblemente, a abstenciones masivas o, en el peor de los casos, a turbulencias imprevisibles.

"La democracia seguirá siendo vulnerable y la transición no acabará de consolidarse mientras no se renuncie definitivamente a la tentación y a la práctica incivil de exterminar al contrario. No es legítimo que alguno de los poderes constituidos pretenda sustituir con su voluntad a la voluntad popular: al pueblo hay que respetarle, inclusive, su derecho a equivocarse. Eso es un presupuesto de la democracia.

"Por las razones expuestas, consideramos que sería una imprudencia, que podría acarrear consecuencias serias, el desafuero y la probable inhabilitación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. No es en tribunales, sino en las urnas, donde deben ganarse limpiamente las contiendas políticas. Como ciudadanos cuyo único compromiso es con el país instamos a los diputados de la LIX Legislatura a guiarse, en este espinoso asunto, únicamente por su conciencia y su responsabilidad histórica con la República. Está en juego la legitimidad de las elecciones de 2006."

Pocas veces había visto que pensadores, escritores y artistas abrazaran de forma tan acrítica el discurso de un líder político cuyos antecedentes en materia de respeto a la ley y a las instituciones republicanas son tan cuestionables. Veamos las siguientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, tomadas al azar de varias de sus conferencias de prensa:

"No hay nadie acusado del Fobaproa; libres; no hay nadie en la cárcel de amigos de Fox; libres; no hay culpables ni hay gente en la cárcel del Pemexgate. Y en mi caso, por intentar abrir un camino para comunicar un hospital, se me quiere quitar el cargo y se me quieren quitar mis derechos políticos ¿De qué se trata?"

"En la democracia no se le tiene miedo al pueblo, en la democracia el pueblo decide, el pueblo manda. ¿O qué, ellos son los padrinos, los tutores, los encargados de tutelar al pueblo y decir qué está bien, qué está mal, qué es bueno y qué es malo? ¿Es que el pueblo no es mayor de edad? ¿Es que los ciudadanos no sabemos elegir, no sabemos qué conviene y qué no conviene? Aún equivocándose la gente, es un derecho de elección, cómo van a imponerse, cómo van a aplastar la voluntad de la mayoría de la gente. ¿Dónde están los paladines de la libertad, dónde están los demócratas, dónde están los defensores de la decencia, de las buenas costumbres?"

"Si nos quieren ganar, que lo hagan en las urnas, que sea el pueblo el que decida, que no sea a la mala, que no nos descalifiquen, que no nos quieran ganar a la mala y eso la gente no lo permite, no la acepta, sea del partido que sea."

"Es muy sencillo: que hagan a un lado esa pretensión autoritaria de descalificarme y que dejen que la gente, como es en cualquier democracia, decida. Eso es todo."

El asalto del democratismo

Hay en el desplegado algunas cosas verdaderamente groseras que ofenden a cualquier inteligencia. Por ejemplo, la tontería de que la institución electoral "es el único camino admisible para cambiar autoridades". En la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Cuarto, se encuentran establecidos los casos y procedimientos en los que los servidores públicos, incluyendo a los representantes de elección popular, pueden ser removidos de su cargo. Hasta la fecha no había encontrado a alguien -con excepción de los intelectuales desplegados- que se oponga a eso. Si un gobernante, por popular que sea, viola la ley de forma tal que deba dejar el cargo, así se debe hacer. En la historia política de varios países del mundo así ha ocurrido, ya hayan sido destituidos o se hayan visto obligados a la renuncia. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con "la institución electoral".

No deja de sorprender que tal sandez haya sido apoyada no digamos que por escritores políticamente correctos como la "sublime despistada" -Christopher Domínguez dixit-, sino por politólogos especialistas en materia electoral, incluyendo a quien encabezó de forma brillante el principal organismo electoral del país; esa memez también obtuvo el acuerdo de grandes exponente del "pensamiento crítico", el principal de ellos un grande de las ciencias sociales que ha devenido en santón político de la izquierda -"obispo rojo" lo llama Ugo Pipitone en su libro La reunión-. Peor aún: también eso fue respaldado por un abogado reputado, que fue titular de la Procuraduría General de la República -en las postrimerías del gobierno de Carlos Salinas-, quien hurgó hasta donde pudo para hallar en la Constitución el impedimento para que la cónyuge de Vicente Fox pudiera aspirar a la presidencia. ¿Cómo ha podido pasar? ¿por qué todos ellos respaldaron tal baratija democratista?

Tal vez, por dos cosas: por ignorancia supina o por encontrar cabida en la vasta corriente democratista encabezada por López Obrador. La primera no es concebible, por lo que pasamos a la segunda. El democratismo de la corriente obradorista ha sido sustentado en un discurso que busca deslegitimar instancias fundamentales para la vida democrática del país -tribunales, partidos, Congreso- a favor de la apelación a una masa que decidirá sobre prácticamente todos los temas, incluido el de la justicia. Por supuesto esa masa -el "pueblo"- será encabezada por un líder preclaro que decidirá lo que es "el bien" y lo que es "el mal". Esa tentación autoritaria no es nueva en López Obrador: cuando menos desde su época de presidente del PRD hay documentos que dan fe de ello. Ahora lo ha ido poniendo en práctica en su gobierno.

Ahora bien: tal vez el equivocado puedo ser yo. Supongo que los intelectuales firmantes creen y quieren de verdad lo que yo llamo sandez: que el camino único para cambiar autoridades es la institución electoral. Como se sabe, nuestro marco jurídico señala otros casos y procedimientos; si son congruentes con su firma, a los intelectuales todo eso les debe parecer inadmisible. A algunos les podrá parecer bien y a otros mal, pero por el momento no nos queda más que ajustarnos a las leyes vigentes: no hay más cera que la que arde. Si para ellos lo admisible es que una autoridad -como no hay ningún matiz, cabe imaginar que es igual si fue electa o si llegó al cargo por nuestro consuetudinario spoil system- sólo pueda ser cambiada a través del procedimiento electoral, ahora debemos esperar que presenten una propuesta de reforma constitucional para que los gobernantes que infrinjan la ley y por ello puedan ser retirados de sus cargos, vean sus casos dirimidos en elecciones, únicamente en las urnas, y no ante jueces y procedimientos incómodos, complejos y dilatados. Su fórmula es una paráfrasis perfecta de Fidel Velázquez: "Con votos llegamos, y sólo con votos nos sacarán" (agradecemos a los intelectuales firmantes el avance civilizador)

Desplegado sin antecedentes

Un elemento que los intelectuales debieron tomar en consideración para establecer su criterio es el comportamiento de López Obrador durante el proceso electoral del 2000. En ese entonces, desde la elección interna del candidato perredista a la jefatura de gobierno defeña, Pablo Gómez Álvarez -no se trata de un conjurado salinista-foxista, sino del actual coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados- acreditó que el tabasqueño no satisfacía los requisitos legales para ser aspirante. Ya candidato del PRD, el tabasqueño se aferró a mantener su candidatura. Finalmente el caso no se llevó a sus ultimas consecuencias, pero la cantaleta era la misma que ahora: que le ganen en las urnas, no en la mesa.

Se hicieron grandes manifestaciones, se amagó con movilizaciones que quién sabe en que habrían podido derivar y se realizó una consulta que simulaba malamente una especie de referéndum (en realidad, en ese simulacro de democracia directa lo que se votaba era la aplicación o no de la ley, lo que finalmente constituye el fondo de tan aberrante cuestión y que se ubica en el corazón de la doctrina política de los alterproyectistas obradoristas). Ese era un caso infinitamente más claro que el de El Encino, y López Obrador logró evadir con notable éxito la aplicación de la norma sin mayores problemas. Lo que hoy estamos observando no es sino consecuencia de aquel atrevimiento y de aquella indolencia.

Además sigamos el discurso y los hechos de AMLO y su gobierno: si los jueces le dan la razón, sin buenos y honestos, de lo contrario buscan obstaculizar su "proyecto", son parte de las "fuerzas oscuras"; si su gente es sorprendida en actos de corrupción, pobre de aquel que lo hizo público; si un periódico da a conocer información no favorable al gobierno, no se discute la verdad ni la razón de sus notas, sino simplemente se le tacha de "salinista" o de "derecha"; el trato diferenciado, selectivo y arbitrario que se les da en la cárcel a, por ejemplo, René Bejarano y Carlos Ahumada; los casos de corrupción que se han dado a conocer; el clientelismo desenfrenado que se practica a diario en la ciudad; la descalificación reiterada de otras autoridades que no se pliegan a sus designios; la "transparencia cero" que se han empeñado en erigir y consolidar el jefe de gobierno y la mayoría de su partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la utilización de recursos públicos para su defensa y promoción personal, etc. En fin, todo ello y más apenas nos da una idea de la conducta atrabiliaria que ha seguido la administración defeña.

Es imposible que la mayoría de los intelectuales, o cuando menos quienes se dedican a los asuntos políticos y a las ciencias sociales, muchos de los cuales escriben en periódicos y revistas, no supieran lo anterior. Sin embargo, como queda claro, asimilaron y asumieron de manera abiertamente acrítica en su desplegado el discurso obradorista. En el peor de los casos, las mismas suspicacias que mostraron frente a la justicia federal las tendrían que haber expresado frente al proceder del jefe de gobierno.

(Dicho sea de paso, una aclaración necesaria: que alguien se haya mostrado tramposo, faccioso y abusivo en su gobierno, no justificaría de ninguna forma que se procediera con él de ese mismo modo).

Las inmunidades (¿impunidades?) electorales

Pero ya va siendo hora de que se proceda contra muchos políticos a los que su carácter de futuros candidatos (y si están respaldados con buenos puestos en las encuestas, mejor) les ha proporcionado buenos márgenes de impunidad. Ejemplos: el actual secretario de Gobernación rebasó los topes de campaña en el 2000. ¿Por qué, pudiendo hacerlo, la autoridad no siguió el procesó penal? Recordemos que en este caso correspondía a la Procuraduría de Justicia del DF. Este proceder ha calado muy hondo hasta en casos muy graves. Tras ser indiciado Marcelo Ebrard por el linchamiento en Tláhuac -sin que la autoridad hiciera nada para impedirlo-, Manuel Camacho Solís, ex regente salinista y hoy jefe de campaña electoral de López Obrador, publicó en enero un infame artículo en el que alegaba que la verdadera culpa de su palafrenero era ¡encabezar las encuestas para jefe de gobierno del DF! Estas sinrazones hoy tienen un apuntalamiento con el desplegado intelectual.

Siguiendo claramente las directrices marcadas por López Obrador, los intelectuales nos dicen: "al pueblo hay que respetarle, inclusive, su derecho a equivocarse. Eso es un presupuesto de la democracia." De acuerdo, pero hay pequeños inconvenientes en los que no repararon los intelectuales. De hecho, con su firma candidatean ya a López Obrador, porque a éste hay que ganarle en las urnas que es "donde deben ganarse limpiamente las contiendas políticas". Empero, el mismo día de la publicación del desplegado el propio candidateable afirmó clara y contundentemente que todavía no decidía si iba o no a participar en la elección. Los intelectuales firmantes deberían creer eso, ya que creen a pie juntillas lo que ha dicho López Obrador sobre el desafuero. Con esa declaración, el propio tabasqueño da un elemento clave para exigir la separación entre el desafuero y las elecciones: ¿por qué poner desde hoy en duda la legitimidad de las elecciones del 2006 por un proceso legal contra un personaje que ni siquiera sabe bien a bien si va a participar en ellas? ¿Y si, en un milagro más grande que el del Tepeyac, decidiera no participar? ¿Entonces sí habría que ganarle ante un juez? Cuando menos, son cuestiones que debieron pensar los abajofirmantes.

No sólo eso: los intelectuales proyectan el derecho a equivocarse hacia el futuro: las urnas que invocan van a ser instaladas hasta dentro de poco más de un año. Señores intelectuales, no aplacemos el ejercicio de ese derecho, que también debe contar hoy: a aquellas urnas futuras del desplegado intelectual hay que oponerles votos contantes y sonantes, disputados, depositados y sacados de las urnas, contados y convertidos en curules en el 2003 -como lo sabe bien uno de los firmantes, quien fue el responsable de conducir el IFE en la organización de esos comicios-. De estos votos duros y concretos, no de urnas todavía imaginarias, surgió la Cámara de Diputados que deberá decidir sobre el desafuero. Si los legisladores optan mal -y esto no significa necesariamente que voten en contra de la opinión de los firmantes-, pues el pueblo se habrá equivocado al elegir a esos representantes y habrá que respetarlo. Ya tendrá oportunidad de resarcir su error, y no necesariamente mediante "turbulencias imprevisibles", como amaga el texto.

Hay muchos otros respetos que nos debemos y que deben los intelectuales firmantes. En todo caso debe procurarse que se aplique la ley de forma estricta, sistemática y universal, efectivamente. En esto no deberían intervenir las ansias electorales. Sin embargo, el principal argumento que se maneja en el desplegado es de carácter político-electoral, sustentado únicamente en suspicacias. En ningún momento se menciona siquiera algún razonamiento jurídico sobre el caso El Encino (esto me llama mucho la atención, especialmente en el caso del signatario novelista e historiador que en su nocturno programa del canal de las estrellas machaca una y otra vez con la cultura de la legalidad, la aplicación estricta de la ley y el Estado de derecho). Es cierto: los tribunales no deben sustituir a las urnas, pero esto debe valer también en sentido contrario: las urnas no tienen por qué sustituir a los tribunales. Supongamos, únicamente supongamos sin conceder absolutamente nada, que con los elementos presentados por las partes, legalmente proceda el desafuero. ¿Aún así lo tendrían que negar los diputados, por los daños que eso causaría a nuestra vulnerable democracia, debido a las suspicacias de que lo que se busca es "exterminar al contrario"? Sería una bonita disyuntiva la planteada por los intelectuales: Estado de derecho o democracia electoral. Creíamos, y nos lo habían hecho saber muchos de los abajofirmantes, que iban juntas. Ahora vemos que han optado por una de ellas.

Otro punto crítico del desplegado es que los intelectuales firmantes no tienen claro de qué se trata el caso del desafuero con todos sus detalles y recovecos legales. A lo largo del desplegado asumen el simplista y seductor punto de vista de los alterproyectistas acerca del desafuero: que se trata de una treta legalista cuyo fin es dejar fuera de la contienda presidencial de 2006 a López Obrador, nada más ni nada menos. Sin embargo, el final reconocen que se trata de un "espinoso asunto". Espinoso: difícil, intrincado, arduo, complicado. ¿Entonces es una cuestión mucho más compleja que la que nos contó AMLO y que está reflejada cabalmente en el desplegado? Me temo que sí, y he de decir que por ello tampoco estoy perfectamente cierto de que el desafuero deba votarse en un sentido u otro. Posición cómoda, pero no tanto como la de sumarse sin más a la opinión mayoritaria ("Fuentebajuna" tal vez la llamaría uno de los firmantes del desplegado).

En el caso El Encino hay tres instituciones relevantes de los Poderes de la Unión que han jugado y jugarán un papel destacado a lo largo del proceso: la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados. En distintos episodios, sus representantes han sido puestos bajo sospecha o abiertamente acusados y descalificados por López Obrador. Éste y sus corifeos, a veces con la complicidad de las tonterías de algunos personajes del gobierno federal como Vicente Fox, son los que han "suscitado las suspicacias" en las que está basado el desplegado entero y que se ha vuelto dominante en la opinión pública. Finalmente, lo que hace el desplegado es poner en duda el proceso de desafuero no con argumentos legales ni con pruebas demostrables sino por simples suspicacias, como reza el mismo texto. Esto sí socava instituciones nacionales fundamentales en aras de satisfacer ambiciones electorales. Entre otras cosas, también eso es lo hicieron los firmantes.

Los intelectuales firmantes incurren también en una falta de respeto de lo más deleznable, y esa es con su propia inteligencia. De los intelectuales firmantes deberíamos esperar mucho más. Como se puede ver, López Obrador y sus propagandistas produjeron una versión de los hechos, y ya masticada y digerida se la dieron a firmar a los intelectuales. Por esto es que el desplegado de los intelectuales no pasa de ser una versión un poco más refinada y sofisticada, diseñada para el público culto, de las chafas Historias de la ciudad, la serie de pésimos "comics" que nos ha endilgado el gobierno del Distrito Federal. Con mucha pena hay que decirlo.

Para finalizar, dos datos para el anecdotario de los coleccionistas de "suspicacias": primero, la publicación del desplegado es responsabilidad de la esposa de uno de los principales asesores de AMLO, el mismo escritor que en buena hora canalizó a los intelectuales, o por lo menos a los de su grupo, durante el gobierno de Carlos Salinas. Por cierto, si la memoria no me falla, también fue el promotor de otro célebre desplegado de intelectuales: el de respaldo al pelón presidente con motivo de la detención de La Quina en 1989.

La inserción del desplegado de los intelectuales en varios periódicos fue pagada con generosas, muy solidarias y desinteresadas (¡por supuesto!) contribuciones de funcionarios del gobierno del Distrito Federal.

Algo no anda bien en un país en el que las inteligencias críticas declinan. O peor aún: se inclinan. No es signo de buenos tiempos.

México, D. F., 17 de marzo de 2005

(*) Ilustraciones tomadas de "¡Sacre bleu! Otro cómic para la comidilla", capítulo 5 de Historias de la ciudad, editado por el Gobierno del Distrito Federal, "La Ciudad de la Esperanza", 2004.