Ecuador: El peligro de la crítica

En Ecuador se ha convertido en algo cotidiano que los periodistas, los activistas civiles y los políticos de la oposición sean objeto de amenazas, hostigamiento y agresiones. A lo largo de 2004 era habitual que quienes se mostraban críticos abiertamente denunciaran haber recibido amenazas, y es posible que hubiera muchos más casos de amenazas no denunciados.

Pero la situación ha continuado agravándose desde diciembre del año pasado, al haberse polarizado aún más la sociedad civil de Ecuador a raíz de la actuación del Congreso. En una sesión extraordinaria convocada por el presidente, el Congreso destituyó a 27 de los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia y nombró a sus sustitutos, lo que suscitó honda preocupación por la independencia del poder judicial.

Las intimidaciones contra quienes adoptan una actitud crítica se han intensificado desde entonces. El 25 de enero, Orlando Pérez Torres, periodista del diario Hoy, que ha escrito artículos criticando al presidente y a miembros del poder judicial, fue amenazado a punta de pistola. Catedrático también de la Universidad de las Américas de la capital ecuatoriana, Quito, se dirigía caminando a la universidad cuando fue abordado por dos hombres que lo pusieron contra la pared. Entonces, uno de ellos le puso un arma en el estómago y le dijo: "Deja de joder, de fastidiar, de escribir pendejadas, sino te vamos a matar".

Con anterioridad a estas amenazas, Orlando Pérez había sufrido una serie de actos de hostigamiento, como llamadas telefónicas anónimas a su casa en las que le pedían su dirección. Aunque denunció estos incidentes a la policía, nada indica que se haya abierto una investigación sobre ellos, y las autoridades no parecen haber tomado medidas para protegerlo.

Más recientemente, la Fundación Mariana de Jesús, organización religiosa de ayuda humanitaria y desarrollo que ha criticado la gestión del Ministerio de Bienestar Social, recibió una amenaza de bomba. El 2 de marzo se comunicó al personal de la Fundación que se iba a activar una bomba en sus oficinas, situadas también en Quito, si el director, Francisco Peña, no dimitía.

El Sr. Peña había informado anteriormente de que tres hombres habían disparado contra él en un aparcamiento próximo a las oficinas de la Fundación al negarse a entregarles unos documentos y un portátil que llevaba. Este incidente se produjo tras el cierre de una investigación del Ministerio de Bienestar Social sobre la Fundación. La investigación amenazaba con clausurar ésta, pero la oposición nacional e internacional impidió que siguiera adelante. La Fundación presentó posteriormente una demanda judicial contra la investigación por considerar que violaba sus derechos constitucionales.

El incidente más grave se produjo el 6 de marzo, y la víctima fue el diputado socialista Enrique Ayala Moor, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, que sólo dos días antes había expresado su oposición a los recientes cambios realizados en la Corte Suprema de Justicia. Un cuatro por cuatro cerró el paso a su automóvil, e hicieron varios disparos contra él.

La hipócrita respuesta de las autoridades a este tipo de incidentes quedó perfectamente ilustrada en un suceso ocurrido en febrero de 2004. Los periodistas Miguel Rivadeneira, de Radio Quito; Marco Pérez, de Radio Tarqui, Paco Velasco, de Radio La Luna, y Kintto Lucas, de la agencia IPS, denunciaron ante Amnistía Internacional que, entre septiembre de 2003 y enero de 2004, habían recibido varias amenazas, que atribuían a su actitud crítica hacia el gobierno.

Las autoridades del gobierno condenaron públicamente los actos cometidos contra Miguel Rivadeneira y manifestaron que no iban a tolerar ninguna violación de la libertad de prensa y que iban a investigar lo ocurrido. Sin embargo, el mismo mes anunciaron que se iba a cerrar Radio La Luna y se iban a presentar cargos contra Paco Velasco por difamación.

De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, hasta ahora sólo ha muerto una persona en estos incidentes, el chófer de Carlos Muñoz Insua, presidente ejecutivo de la red de televisión Telesistema, que resultó mortalmente herido al disparar unos desconocidos contra el vehículo que conducía el 9 de febrero de 2004. Teniendo en cuenta que las amenazas de personas armadas han aumentado, es muy probable que, si no se hace nada, la cifra de muertos se incremente.

Las autoridades tienen que tomar rápidamente medidas para impedir que ocurra esto. La retórica con que se refieren a las violaciones de derechos humanos cometidas contra la prensa tiene que hacerse realidad. Es preciso investigar debidamente todos los incidentes denunciados y poner a disposición judicial a quienes amenacen a periodistas, activistas civiles y políticos de la oposición.