Walter Chávez: El "abc" de la crisis política boliviana

Bolivia es uno de los primeros países de Sudamérica que se decidió por la imposición del modelo neoliberal. En 1985 -luego de una galopante hiperinflación y de innumerables movilizaciones sociales, que motivaron la renuncia del presidente Hernán Siles Zuazo- que el presidente Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) promulgó el decreto 21060. Empezó así la gran "relocalización" (así se llamó a los despidos) de unos 25 mil mineros, la protección a la inversión extranjera, la desestructuración de las empresas estatales y, principalmente, la adopción de un programa donde los precios los fijaba la llamada "economía de mercado".

Hubo resistencia social, pero el nuevo modelo se terminó imponiendo bajo la idea de que era la única vía de llevar al país a la "racionalidad" y la "modernidad" económica, y que de lo contrario -argumentó Víctor Paz-, "Bolivia se nos muere".

Efectivamente, la hiperinflación se frenó y la economía tendió a estabilizarse. En 1989, asumió la presidencia el líder del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR); en realidad, la frase "izquierda revolucionaria" era sólo formal, heredada de los 70, y el modelo neoliberal tuvo continuidad pero sin radicalizarse. Fue con Gonzalo Sánchez de Lozada - hijo de un boliviano que vivió en EEUU y trabajo para Nelson Rockefeller- cuando se impuso el neoliberalismo con agresividad: Llegó al gobierno en 1993 y ofreció un programa llamado "El plan de todos", que básicamente preveía la privatización de todas las empresas estatales (proceso al que se llamó "capitalización"), bajar notoriamente el desempleo y aumentar el crecimiento medio del país hasta el 11% anual.

Pero lo sustancial de este programa eran las privatizaciones. Sánchez de Lozada lo privatizó prácticamente todo: los ferrocarriles, los servicios de agua, la luz, el teléfono y los recursos naturales, especialmente el petroleo y el gas natural. Uno de los requisitos centrales que se manejó en el proceso era que ningún empresario boliviano -ni ninguna empresa nacional- podía participar en las privatizaciones porque "el boliviano era corrupto y el inversionista extranjero era más responsable". Sánchez de Lozada forzó al máximo el proceso, y para hacer atractivo el país a los inversionistas -hay que tener en cuenta que Bolivia es un país pequeño, donde las empresas no rinden altas rentabilidades- les ofreció muchas ventajas. Así, llegaron capitales altamente especulativos como los de la controvertida Enron o la brasileña VASP, que en dos años quebró a la línea aérea nacional (el Lloyd Aéreo Boliviano), que de tener un patrimonio de 68 millones de dólares cuando se capitalizó, dos años después fue devaluada y vendida en por dos millones.

Más grave fue el caso de la privatización de los hidrocarburos. A cambio de que las empresas transancionales invirtieran en el país, la ley de capitalización rebajó los impuestos hasta en un 50%, para contratos de cuarenta añõs de duración. De ese modo, Repsol, Total Fina ELF, British Gas, Enron y otras terminaron pagando un impuesto de apenas 18%, uno de los más bajos del mundo.

Gonzalo Sánchez de Lozada desarrolló una intensa campaña mediática para llevar adelante el proceso privatizador. Y de hecho, la ciudadanía boliviana lo apoyó mayoritariamente en aquel momento, pues creyó en sus medidas "modernizadoras" de la economía. No en vano había llegado a la presidencia con más del 30% de los votos, un récord si consideramos que la votación en Bolivia es muy fragmentada, lo que obliga a formar alianzas de gobierno.

Transcurrida la década de los 90, los bolivianos entraron en el nuevo siglo con la constatación de que nada de lo que habría ofrecido el "plan de todos" se había cumplido. No bajó el desempleo, no se creció al 11% y la inversión extranjera no había traído desarrollo, sino sólo especulación y corrupción.

Aparecen los movimientos sociales

En abril de 2000, el pueblo de Cochabamba -la tercera ciudad más importante de Bolivia- se rebeló y logró la salida de la transnacional estadounidense Bechtel, que administraba los servicios del agua potable y había aplicado un tarifazo. Tras una semana de enfrentamientos con las fuerzas policiales y de paralización total del departamento, el movimiento popular salió triunfante, "El movimiento social de uno de los países más pobres del continente le ha infringido la primera gran derrota a la globalización mundial", dijo el líder de la Coordinadora, Óscar Olivera.

Los sectores subalternos bolivianos despertaban así a un nuevo ciclo de luchas. El espacio político boliviano empezaba a sentir la emergencia de una nueva izquierda indígena y campesina, ajena a la izquierda que se derrumbó junto con el Muro de Berlín y la URSS y sustentada en la memoria histórica de las rebeliones indígenas, con sus propios repertorios de acción colectiva: las huelgas de hambre, los bloqueos, las tomas de ciudades y las insurrecciones.

En junio de 2002, el Movimiento al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales, se consolidó como la segunda fuerza política de Bolivia, al alcanzar un 20,5 % de los votos frente al 22 % del MNR, que llevó a la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero lo más importante ocurrió en el nivel parlamentario; el MAS y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) lograron 41 escaños y como primera medida impusieron que las normativas congresales facultaran el uso en los idiomas indígenas (aymara, quechua y guaraní) en los debates camarales. Este fue el primer indicio -en el plano simbólico- de que el campo político boliviano dejaba de estar dominado por el discurso neoliberal, sostenido por las élites empresariales, y se redefinía por influjo de los movimientos sociales plebeyos.

En febrero de 2003 llegó a Bolivia una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para exigir al gobierno de Sánchez de Lozada que decretara un "impuestazo" a los salarios, con el fin de cerrar la brecha del déficit fiscal, que alcanzaba un 8,5% del PIB. La medida provocó una inmediata revuelta popular que dejó más de 30 muertos, el presidente huyó por unas horas de Palacio de Gobierno y la misión del FMI, encerrada en una suite de un hotel cinco estrellas, tuvo que resignarse a que su medida fuera revocada.

Seis meses más tarde, cuando el consorcio Pacific LNG (Repsol YPF, British Energy y Panamerican Energy) quería forzar la exportación del gas natural boliviano a los mercados de México y California por un puerto chileno, el movimiento social replicó con la llamada "Guerra del Gas". Casi quince días de protestas y desacatos que terminaron en una insurrección indígena campesina que, a pesar de la violenta represión, inmovilizó a las Fuerzas Armadas y derrocó al presidente Sánchez de Lozada, quien huyó a los Estados Unidos. Pero, aun cuando los movimientos sociales tenían abierta la posibilidad de forzar su llegada al gobierno, prefirieron apoyar una sucesión constitucional con el fin de no interrumpir la legalidad democrática y el vicepresidente Carlos Mesa asumió la Presidencia de la República.

Mesa, el reformista

Carlos Mesa asumió la presidencia y se comprometió a llevar adelante una agenda básica impuesta por los movimientos sociales: una nueva ley de Hidrocarburos, un referéndum para decidir sobre la exportación del gas, y una asamblea constituyente que renovara el pacto social.

La nueva ley de hidrocarburos debía recuperar la propiedad de este recurso y fijar nuevos impuestos a las transnacionales. Sin embargo, el proyecto de ley que finalmente propuso el presidente Mesa gravaba con nuevos impuestos a las empresas petroleras, pero sólo en el futuro y de manera muy gradual. Es decir, no significaba ningún alivio inmediato para la economeia empobrecida del país. Es así que el MAS tomó la iniciativa y propuso en el Congreso un proyecto de ley sustitutivo que grava en 50% las regalías a las tranasnacionales que explotan el petróleo, además de recuperar al propiedad de los hidrocarburos.

Esa es la madre de todo el conflicto. El pasado viernes 4 de marzo, el Parlamento boliviano, completamente dividido, aprobó en una primera instancia un proyecto de ley donde las transnacionales petroleras pagarían impuestos de 32%, pero teniendo en cuenta la flexibilidad de las leyes nacionales para la evasión impositiva -oficialmente Eduardo Zegada, director del Sistema de Impuestos Nacionales, ha denunciado que las petroleras deben 600 millones de bolivianos al fisco- es seguro que estas empresas burlarán el nuevo impuesto. Por eso, el MAS pide que se cobren regalías del 50% (un monto fijo que no se puede deducir de nada). Ante la negativa, Evo Morales decidió convocar a los movimientos sociales a una "batalla final", un bloqueo de carreteras, paros y huelgas para lograr que se apruebe su proyecto de ley.

Mesa respondió con una maniobra política: presentará su renuncia al Parlamento, bajo la convicción de que no se la aceptarán, pues la mayoría de bolivanos cree que eso interrumpiría la continuidad democrática. Si el Parlamento no le acepta la renuncia, la segunda medida será ratificarlo, y eso le dará una nueva legitimidad política.

Tal como están las cosas, entre el lunes y el martes, cuando se reúna el Paralmento, se decidirá la suerte de Mesa. Es probable que los partidos tradicionales, los que impusieron el modelo neoliberal (MNR y MIR, principalmente), lo apoyen y rechacen su dimisión; pero incluso así, si el MAS logra que los bloqueos y las huelgas sean suficientemente contundentes, tendrá que renunciar de todas maneras. En caso contrario, los partidos tradicionales intentarán viabilizar un pacto político que mantenga a Mesa en el cargo durante unos meses.