Wilfredo Ardito Vega: Reflexiones peruanas: ¿A quién beneficia debilitar a las rondas?

En una tienda de Cajamarca, un grupo de policías adquiere grandes cantidades de queso y mantequilla para llevar a sus hogares en Chiclayo. Dados sus reducidos sueldos, la escena sería inusual, pero los policías han recibido un pago especial de la empresa Yanacocha por escoltar sus vehículos desde la costa. Para los campesinos de Cajamarca, en cambio, la seguridad es una actividad que ellos mismos deben llevar a cabo, sin esperanza de contar con protección policial.

Hace casi treinta años Régulo Oblitas y algunos de sus vecinos del caserío de Cuyumalca (Chota) decidieron organizarse en rondas, para enfrentar el abigeato. Inicialmente, cuando capturaban a un malhechor, lo entregaban a la policía, pero ésta lo ponía casi inmediatamente en libertad, fuese por corrupción o, simplemente, porque según la legislación, la escasa cuantía de lo robado impedía mantenerlo detenido.

Los ronderos decidieron sancionar ellos mismos a los delincuentes, buscando su resocialización, para lo cual era fundamental la admisión pública de la culpa y la reparación del daño. Conforme se lograba reducir el abigeato (y varios antiguos abigeos se convertían en ronderos), la población comenzó a acudir a la ronda para otros problemas, como casos de adulterio, herencia o la delimitación de un terreno. En las rondas no existen las barreras económicas y geográficas que los campesinos tienen para acceder al poder judicial. Además, aún en el caso de que dicho acceso se produjera, las soluciones que dispone el derecho estatal suelen ser inaplicables, porque están pensadas para un entorno urbano. La ronda es actualmente la institución con más autoridad moral y legitimidad en las zonas rurales de Cajamarca.

En el año 2002 el Ministerio del Interior planteó a los ronderos un convenio de cooperación, por el cual ellos se comprometerían a entregar a la policía a las personas responsables de delitos. De esta manera, evitarían ser procesados por secuestro, como a veces ocurría cuando detenían a un delincuente con ciertas influencias. Algunos dirigentes señalaron que habría mucha dificultad en distinguir entre faltas y delitos. También advirtieron que un hecho que la ley considera delito (calumnia, ingreso a propiedad ajena o robo nocturno), puede ser para los ronderos perfectamente manejable, mientras que el Ministerio Público tendría muchas dificultades para realizar una investigación en una zona rural que llevara a una condena efectiva.

Varias organizaciones ronderas suscribieron el convenio, pero en la práctica las rondas continuaron administrando justicia, salvo que el delito fuera demasiado grave. Dichas organizaciones se han visto reforzadas por la sentencia 975-04 de la Corte Suprema que el año pasado dispuso que las rondas campesinas están facultadas para realizar detenciones y administrar justicia, siempre que las sanciones no vulneren los derechos humanos.

Este año, sin embargo, el Ministerio del Interior ha planteado un nuevo convenio, donde se dispone que las rondas entreguen a la policía a toda persona que cometa un hecho ilícito, sea delito o falta, aún sabiendo que en este último caso, el culpable siempre saldrá en libertad. Muchas organizaciones ronderas no suscribieron el nuevo convenio y quienes lo hicieron no se habrían percatado de que esta modificación les impide administrar justicia inclusive en el caso que se roben dos gallinas. En la práctica, poner en práctica el convenio implicaría generalizar una situación de impunidad.

Actualmente, el convenio ha generado una fuerte controversia en las rondas y el cuestionamiento de los líderes que lo firmaron. Y esto ocurre, curiosamente, mientras los medios de comunicación cajamarquinos ligados a la empresa Yanacocha de manera permanente presentan a los ronderos como seres violentos, primitivos e irracionales. Resulta evidente, como en los tiempos de la prensa chicha fujimorista, la estrategia para debilitar la imagen positiva de las rondas. Los mismos medios también insisten en que las rondas ya no pueden realizar detenciones, porque el convenio lo prohíbe.

Tener a los ronderos divididos, desacreditados y desmoralizados resultaría muy conveniente para los intereses de Yanacocha en los momentos en que se pretenden llevar a cabo nuevos proyectos en Combayo y San Cirilo, muy cuestionados porque comprometen nuevamente importantes fuentes de agua para los campesinos. Según informa la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a San Cirilo ya ha sido destacado un contingente de trescientos policías, mientras Genaro López, un reconocido dirigente campesino, ha denunciado ser víctima de amenazas de muerte.

En agosto del año pasado, cuando cientos de ronderos protestaron contra la explotación del cerro Quilish, Yanacocha pensó que podría manejar el descontento. Sin embargo, la organización de los campesinos y el respaldo que obtuvieron en los sectores urbanos, dejaron a la empresa socialmente aislada.

Neutralizar a las rondas dejaría el camino libre para las actividades mineras, con los peligros ambientales conocidos, pero también llevaría a una situación similar a la de la sierra de La Libertad, donde las empresas mineras cuentan con fuerte resguardo policial, mientras los campesinos se encuentran inermes frente a la delincuencia. En todo caso, para el Ministerio del Interior la seguridad de las empresas parece más importante que la de los ciudadanos.