Jesús Gómez Gutiérrez: En el callejón de la propiedad intelectual

La primera vez que participé en la creación de una revista tenía catorce o quince años. Se financiaba con anuncios pagados por los tenderos de la zona y la distribuiamos como podíamos, es decir, más bien mal. Era una mezcla abyecta de izquierdismo adolescente y toda la pedantería de la que eran capaces determinados autores setenteros a los que pedíamos permiso de reproducción. Pero tenía suerte en un aspecto: contaba con dos grandes poetas que, a pesar de su juventud, tuvieron la inteligencia de cerrar la publicación y mandarla al guano.

Pasó el tiempo y pasaron otros medios. Unos más conocidos, algunos marginales, todos con la misma intención de cambiar el mundo y todos castigados, por las limitaciones de la prensa en papel, a una esquina. Pero entonces llegó Internet, y no era poca cosa. Evitaba gran parte de los problemas, desde los costes de publicación hasta las barreras en la distribución, pasando por la amplia gama de trampas legales e imposiciones de facto que hacen del periodismo y del mundo editorial un mercado oligopólico reservado en la práctica a unos cuantos grupos. Ahora teníamos una herramienta verdaderamente útil, una posibilidad de acceder a mayorías.

Diez años después, sólo un puñado de tecnofóbicos y ejecutivos del gueto-empresa de la información, para los que Internet es amenaza o simplemente un mal negocio, discuten las posibilidades de la red. El resto de las negativas procede de un sector distinto, el de la inmensa mayoría de los ciudadanos que, tanto en España como en América Latina, ni tienen acceso a Internet ni saben utilizar un ordenador ni han pisado un cibercafé, aunque el término (las palabras resultan más democráticas y más baratas) tenga hijos tan peculiares como el cartel que vi hace tiempo en un bar de Castilla La Mancha: «Tenemos hibercafé», aviso que este adicto al café con hielo recibió con entusiasmo.

Pero una posibilidad es sólo eso. Los factores indicados son una parte mínima, un simple punto de partida en lo que hace falta para mantener un medio de comunicación. Con más razón, por supuesto, si es diario; en este último caso, el volumen de autores, textos, comunicaciones y obstáculos de diverso calibre es tal que no hay proyecto pequeño ni barato. Sin embargo, sólo voy a referirme a uno de esos factores: el marco impuesto por determinadas interpretaciones de los derechos de propiedad y las relaciones que se establecen en consecuencia.

Los lectores de La Insignia saben que su modelo es bastante flexible. Lo es por obligación, evidentemente, porque hay no otra cuando se carece de presupuesto; sin dinero, ni siquiera se puede retener a los autores que se han formado en estas mismas páginas: se van a donde les pagan, y es lógico. Pero también lo es por convicción: de existir los recursos necesarios para aumentar el grupo de colaboradores que realizan trabajos específicos para La Insignia, la única diferencia real sería el consiguiente aumento de textos en las ediciones y de nuestra propia capacidad de respuesta. Se mantendría la política de colaboraciones, cesiones y textos compartidos con otros medios, en los términos actuales, y huelga decir que el trabajo de cualquier colaborador directo, Redacción incluida, seguiría siendo de libre reproducción para entidades sin ánimo de lucro. Éste un proyecto abierto, una propuesta que parte de nuestras convicciones, y debo añadir que no estamos inventando nada nuevo. Seguramente, el nuestro fue el primer medio diario de la red hispana y lusa que aplicó esos y otros criterios en lo relativo a la propiedad intelectual, pero algunos ya lo habíamos hecho muchas veces en papel y tampoco fuimos ni los primeros ni los segundos; lo puntualizó porque últimamente hay quien se apropia de propuestas más viejas que Matusalén y encima lo hace desde el esnobismo de someterlas a términos anglosajones como copyleft, copyfight, etc. (Copyshit, ya puestos. Un poco de seriedad no vendría mal. Y menos bustos parlantes.)

Lo que ha cambiado en este extraño lugar es lo mismo que ha cambiado en todo. Se llama neoliberalismo y en el terreno de la propiedad intelectual se concreta en el intento de las grandes empresas y de sus instituciones asociadas por acaparar el campo y exprimir a la gente. Pero también hay una crisis de modelo; en parte, derivada de esa actitud de verdadera piratería empresarial; en parte, del hundimiento de las fronteras que la información y en particular la cultura sufrían hasta bien entrado el siglo XX, cuando comenzaron a agotarse los modelos elitistas y la tecnología democratizó la expresión al ofrecer soportes más baratos y menos limitados desde un punto de vista puramente geográfico (no sólo en la distribución, sino en el consumidor al que llegan y en la posibilidad de que éste se convierta, también, en emisor). Crisis: «mutación importante en el desarrollo de procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales», «situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese». No hay más cera que la que arde, pero la incompetencia y la mala fe de emporios informativos, grandes editoriales, discográficas, etc., incapaces de asumir los cambios, les han llevado a derivar el problema hacia la propiedad intelectual como intento de ampliar su margen de beneficios. A costa de los autores, como siempre; pero especialmente y, por primera vez, a costa de sus propios consumidores, ahora criminalizados por hacer fotocopias, copiar canciones o reproducir un artículo en un pasquín.

Como ejemplo del grado de cinismo que pueden alcanzar los defensores de formas restrictivas de los derechos de propiedad, les doy un dato: en los cinco años largos de esta publicación se han recibido, si la memoria no me falla, seis quejas de autores o medios relativas a esas cuestiones. Dos eran pataletas de personas molestas con este diario porque no encaja en el manual del buen progre; no tenían problema alguno en que se reprodujeran en cualquier otra parte, pero no querían que se reprodujeran aquí, y sobra decir que fueron retirados. Los cuatro restantes, los que interesan para el caso, eran quejas de autores que habían visto sus textos en La Insignia y que habían pensado, equivocadamente, que éramos responsables de una agresión contra sus derechos. Ahora bien, ninguno de esos textos llevaba nuestra fuente. Los cuatro procedían de grandes medios de comunicación absolutamente lucrativos que, como pudimos saber por los autores, habían publicado los artículos sin pagar por ello y en ausencia de acuerdo alguno entre los medios involucrados.

En el mundo del libro, las cosas no son mejores. Aumenta la oferta de basura, baja irremediablemente el nivel, desaparecen pequeñas librerías y editoriales; el libro goza de una salud excelente, pero sólo en dos colores y en dos tallas de producción en cadena. Es el estalinismo del capital con guiños al absurdo: cualquier buen lector sabe que en este momento está descatalogada gran parte de la literatura con más de cinco minutos de existencia. Los dueños de los derechos sólo publican lo que les conviene y el mercado evita que lo publique alguien más; en la mayoría de los casos, conseguir un simple permiso de reproducción de un fragmento es toda una aventura que termina en negativa. Sólo demuestran alguna sensibilidad cuando están interesados en hacer publicidad de primeras ediciones, y en condiciones tan peculiares que, hoy por hoy, la sección más lamentable de cualquier periódico, la más dictatorial, sectaria y ajena a la crítica, son los suplementos literarios. En Internacional o en las páginas de política nacional se pueden permitir las diferencias, aunque escasas; en Cultura, no se permite nada que ponga en peligro las ventas de las editoriales asociadas y por supuesto nada que facilite las ventas a autores de empresas rivales.

Mientras tanto, los trabajadores de la palabra están peor que nunca. Periodistas mínimos, traductores empobrecidos, revisores en vías de extinción, escritores como siempre. Pero en este punto conviene ampliar las responsabilidades. Hay muy pocas personas del gremio que alcen la voz contra lo que está pasando; la norma es el desfile de personajes acomodaticios, grises, mensajeros de sus empresas que apenas hablan para incidir en distorsiones sobre la piratería y otras malas excusas. En la práctica, el escritor y el periodista suelen ser el paradigma del perfecto esquirol, tipos siempre dispuestos a defender al patrón y a vender a su madre por publicar hasta en un trozo de papel higiénico siempre y cuando los miren y tengan audiencia. Es verdad que muchos son sorprendentemente ignorantes. Es verdad que la mayoría no se ha preocupado en pensar el sector en el que trabajan. Pero ya es casualidad que cada vez que surge un conflicto, nuestro ignorante escupa al de abajo, al que no se puede defender, y aplauda al de arriba o guarde un más que conveniente silencio. ¿La literatura y el periodismo como libertad? No me hagan reír, por favor. Pueden serlo. Lo son, en unos pocos y excepcionales casos y sobre todo lo son porque lo importante al final es la obra, no el autor.

La tendencia actual se acentuará por la presión de las grandes empresas y la renuncia de los Estados a intervenir desde el interés de la mayoría, autores incluidos. Más leyes restrictivas, más obstáculos a la expresión, menos espacio para las propuestas independientes. Como editor a pesar de mi bolsillo, no puedo ser optimista; en ausencia de una respuesta social adecuada, sólo cabe esperar a que se estrellen contra la pérdida de calidad derivada de sus prácticas y la renuncia a sectores cada vez más grandes de consumidores, que no encajan en sus burdos análisis estadísticos ni responden a su oferta. Como lector y como autor, al menos queda el consuelo de lo que Sergio Ramírez expresaba maravillosamente bien, hace unos días, en Selvas de papel.

Madrid, julio del 2005.