Miguel Ángel Ferrari: Sudán: Lo que la verdad esconde

Sudán, uno de los gigantes de África, con una superficie ligeramente menor que la de Argentina y una población de más de 30 millones de habitantes, ha padecido guerras civiles intermitentes desde 1956, año en que se independizó de Gran Bretaña. Estos enfrentamientos, que produjeron dos millones de muertos y cuatro millones de desplazados, se originaron a causa de la enorme desproporción entre el norte, arabizado y musulmán, y las comunidades negras del sur, cristianas y animistas. Una desigualdad alimentada primero por el colonialismo británico y luego por los gobiernos instalados en Jartum -su capital- que han tratado de imponer un modelo de Estado centralizado e islámico en todo el país.

No obstante, esta guerra no es solo un contencioso de tipo religioso, sino que se halla alimentada por el objetivo de obtener el control de los inmensos recursos naturales del país. En el norte se concentra la actividad comercial y agrícola, las redes de transporte terrestre y marítimo, en tanto que el sur alberga las fértiles tierras de Renk, la región petrolífera de Bentiu y los yacimientos de níquel y uranio.

Lo que en un comienzo surgió como un conflicto étnico, pronto adquirió el carácter de una guerra civil. Los sucesivos gobiernos se empeñaron en transformar al país en un estado islámico. Esta determinación adquirió su máxima expresión con la llegada del dictador Yaafar al Numeiri, que impuso en 1983 la sharia (ley islámica) en todo Sudán. A partir de ese momento, la población negra perdió la limitada autonomía que había logrado en 1972, tras la primera guerra civil. Como respuesta a estas imposiciones del gobierno central, surgió el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (ELPS), la principal organización rebelde, liderada por John Garang.

La situación se agravó en 1989, tras el golpe de Estado del general Omar Hassan Ahmed al Bashir, quien aplicó con mucha dureza la mencionada norma islámica. Aniquiló los remanentes de libertad que subsistían de la dictadura anterior y basó su estrategia de poder en la deportación masiva de la población negra hacia las regiones desérticas.

En un intento de darle cierto cariz democrático a su régimen, el dictador Al Bashir impulsó -en 1998- la elaboración de una nueva Constitución, a partir de la cual convocó en 2001 a las primeras elecciones desde su golpe de Estado. Elecciones fraudulentas que le proporcionaron un nuevo "mandato" presidencial. A pesar de estos cambios cosméticos, una variada alianza de pueblos y grupos continuó su desafío en defensa no solo de la diversidad religiosa, sino -y por sobre todas las cosas- por una más justa redistribución del poder político y de los recursos económicos.

Discriminación

Desde junio del 2002, el gobierno y el ELPS negocian en Nairobi, la capital de Kenia, un acuerdo que ponga fin a dos décadas de enfrentamientos. En julio de ese año, suscribieron un protocolo de paz; en octubre, un alto el fuego y, en noviembre, un Memorando de Entendimiento. El alto el fuego se respetó durante casi todo el año 2003; sin embargo, el camino hacia la paz se vio ensombrecido por la reaparición de una organización armada denominada Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), cuyo propósito declarado consiste en terminar con la discriminación y las atrocidades que se cometen con las tribus de la región de Darfur.

En mayo del 2004 se firmó un nuevo acuerdo para despejar las últimas dificultades que impiden clausurar estos veinte años de guerra civil. Finalmente, el pasado 9 de enero, el vicepresidente sudanés, Alí Osman Mohamed Taha, y el líder del ELPS, John Garang, firmaron un acuerdo destinado a concluir el conflicto más prolongado de África en los últimos tiempos. Este acuerdo, suscrito en Nairobi, prevé un período de transición de seis años a partir del próximo mes de julio, durante el cual ambas partes en conflicto constituirán un gobierno de unidad nacional -destinado a afianzar el federalismo- que contará con John Garang como vicepresidente, quien a su vez presidirá un gobierno autónomo en el sur, donde no regirá la ley islámica. El Acuerdo de Nairobi también resuelve el estatus de las montañas de Nuba, el Nilo Azul y Abyei, las tres regiones en disputa; consensúa el dispositivo de seguridad que prevalecerá en el país durante la transición y se compromete a compartir las ganancias de los yacimientos petrolíferos del sur, que representan el 75 por ciento de las exportaciones. El periodista Ulrike Koltermann, de la agencia DPA, señala que "Estados Unidos estaba muy interesado en el acuerdo con el sur, básicamente por la considerable existencia de yacimientos de petróleo". Es bueno recordar que en junio de 2004 el secretario de Estado de EE.UU., Colin Powell, viajó a Darfur; su comitiva humanitaria -curiosamente- contaba con empresarios de la industria petrolera. Es por ello que no sorprende que uno de los principales testigos internacionales que refrendó el acuerdo de paz, haya sido el secretario de Estado saliente.

Luego de esta transición de seis años, la región meridional decidirá mediante un referendo si desea ser un Estado federado o independiente. Pero, por ahora, la realidad dista mucho de lo firmado sobre el papel. La primera acción gubernamental ha sido prorrogar el estado de excepción en todo el país durante un año. Con esta medida el gobierno puede prohibir actividades tales como manifestaciones pacíficas; las fuerzas de seguridad se hallan facultadas para realizar detenciones, sin formular cargos, bajo el régimen de incomunicación durante largos períodos y les garantiza inmunidad a quienes cometan violaciones a los derechos humanos. Por su parte, Human Rights Watch advierte que estos acuerdos de paz "no prevén ningún tipo de mecanismo de justicia, comisiones de la verdad, ni compensaciones para las víctimas".

No obstante todo ello, el acuerdo alcanzado abre un alentador camino hacia una paz duradera, pero presenta un vacío sumamente preocupante al no contemplar la gravísima situación de Darfur, donde el enfrentamiento no es entre el norte y el sur, sino entre musulmanes árabes que victiman a musulmanes negros. Las palomas lanzadas a volar en Nairobi, pueden ser atrapadas por los halcones de Darfur regresando todo a sus comienzos.

El conflicto en Darfur -reino independiente anexado por Sudán en 1917, situado en el occidente del país, limítrofe con el Chad y la República Centroafricana- comenzó en los años 70 como una disputa étnica de baja intensidad entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros sobre las tierras de pastoreo en esta región proclive a las sequías. Los nómadas invasores, denominados janjawid, que en lengua árabe significa "jinetes armados", conducidos por verdaderos señores de la guerra, desplegaron (y despliegan) todo tipo de atrocidades con el fin de apropiarse de esas tierras fértiles de la región. En sus sanguinarias campañas, que ya han costado más de 70 mil víctimas fatales, los janjawid siempre han contado con el respaldo del gobierno central. Sus acciones ya han producido el éxodo de sus tierras de casi dos millones de pobladores negros.

En simultáneo con la firma del acuerdo de paz, en Darfur todavía se siguen incendiando pueblos enteros y centenares de personas son asesinadas u obligadas a huir. El terror alcanza incluso a los miembros de las organizaciones humanitarias. En las últimas semanas la llegada de personas a los campos de refugiados siguió aumentando.

Las fuerzas rebeldes de Darfur: el Movimiento y Ejército para la Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia y Equidad, este último respaldado por el Frente Nacional Islámico, que apoyan a los musulmanes negros y combaten a los "jinetes armados", han acusado al gobierno sudanés de haber firmado el acuerdo con el sur con el exclusivo propósito de enviar más soldados a Darfur.

En diciembre de 2004, Amnistía Internacional solicitó que se apliquen de inmediato las medidas de ampliación de la Misión de la Unión Africana en Darfur (AMIS, por su sigla en inglés). El pronto despliegue de esta misión en la conflictiva región, "le permitirá cumplir con mayor eficacia su mandato de protección de los civiles e investigación de las violaciones del alto el fuego y del derecho humanitario. Es preciso prestar a la AMIS -concluye Amnistía Internacional- un fuerte apoyo político para garantizar que sus informes sobre tales violaciones reciban la debida atención".

Por su parte, Erwin van der Borght, director adjunto del Programa para África de Amnistía Internacional, señaló críticamente "la pasividad mostrada por el Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a Darfur en su reunión de noviembre (2004) en Nairobi".

Es importante recordar que, durante todo este proceso, ciertos países europeos -entre ellos Francia y Holanda- han mantenido un bajo perfil y han dado su apoyo a la Organización para la Unidad Africana (OUA) bajo la consigna de que "los problemas de África deben ser resueltos por los africanos". En rigor, esta actitud esconde el interés de estos países en mantener sus privilegiados acuerdos económicos, especialmente petroleros, con el régimen de Jartum. Negocios de los que se ve privado Washington, en razón del embargo contra Sudán decidido por la Casa Blanca en 1996. Es por ello que Estados Unidos y Gran Bretaña, antes de la firma del acuerdo de paz, propugnaban una "intervención humanitaria" en el país africano.

Los habitantes de Sudán han aprendido en carne propia aquel viejo refrán africano que dice que "cuando los elefantes luchan, la que sufre es la hierba". Y ellos saben que su papel no es -precisamente- el de los elefantes.