China: Espantoso año nuevo

Amnistía Internacional ha observado un aumento significativo de las ejecuciones en China con motivo de la celebración del nuevo año lunar. Según estadísticas incompletas, en las dos semanas anteriores al inicio del nuevo año lunar, el 9 de febrero, se ha informado de 200 ejecuciones.

Los medios de comunicación locales han informado de al menos 650 ejecuciones sólo en los meses de diciembre y enero. Ambos meses se consideran "normales", sin los niveles máximos que se observan en torno a ciertas festividades, aunque sin duda la cifra real es muy superior, pues China se niega a hacer públicos los datos completos de todas las personas a las que ejecuta.

"Hay una enorme distancia entre la política y la práctica en relación con la pena de muerte en China -ha declarado Catherine Baber, directora adjunta para Asia de Amnistía Internacional-. Aunque el gobierno afirma que la pena de muerte se aplica con cautela, este nivel máximo ritual en las ejecuciones que estamos presenciando en este momento desmiente toda pretensión de 'cautela'".

"Además, existe la preocupación muy real de que varios de los ejecutados sean inocentes: lo cierto es que el sistema de justicia chino no es lo bastante sólido como para garantizar un juicio justo."

Muchos informes sobre ejecuciones recientes en China han justificado la ejecución simultánea de diez personas o más como una forma de "proteger la estabilidad social y garantizar que el pueblo pueda tener un año nuevo seguro, alegre y feliz".

"Nunca se han mostrado pruebas convincentes de que la pena de muerte disuada a los posibles delincuentes con mayor eficacia que cualquier otro castigo -afirma Catherine Baber-. Insinuar que las ejecuciones 'protegen la estabilidad social' es un peligroso error."

El reciente e intenso debate en China sobre el uso excesivo de la pena de muerte se viene centrando en una propuesta de reforma para permitir que el Tribunal Popular Supremo revise todas las condenas a muerte, en lugar del sistema vigente, en el que diferentes tribunales aplican diferentes criterios.

Sin embargo, ni esta reforma, ni la sugerencia de que en algunos casos deberían imponerse penas de prisión más largas en lugar de la pena de muerte, abordarán las "confesiones" que se obtienen mediante torturas, el acceso limitado a los abogados y las injerencias políticas en el proceso judicial.

Esta injerencia incluye lo que se conoce como campañas de "mano dura" contra la delincuencia, en las que los procesados suelen ser condenados a penas significativamente más duras que en otras ocasiones. Una víctima reciente de esta "mano dura" es Lu Shile, ejecutado por asesinato en Qingdao, una ciudad de la costa oriental de China. El proceso judicial que desembocó en esta ejecución fue alabado por ser "sumamente eficiente" y un ejemplo de "política de condena rápida y dura". Lu fue juzgado, perdió una apelación y fue ejecutado en sólo 24 horas.

De forma excepcional, el tribunal de Qingdao que juzgó a Lu informó del número total de ejecuciones que había realizado en el 2004. Sólo en este tribunal, uno de los casi 400 que tienen facultades para imponer y ejecutar la pena de muerte, murieron 57 personas, lo que implica una cifra astronómica de ejecuciones en toda China cada año.

La Unión Europea lleva tiempo destacando la imposición de la pena de muerte como uno de sus principales motivos de preocupación en materia de derechos humanos en China. Entre las 200 personas ejecutadas había muchas condenadas por delitos no violentos, como provocar destrozos en instalaciones públicas y delitos económicos. "Confiamos en que los líderes de la UE recuerden a estas personas cuando decidan si levantan el embargo de armas de la UE sobre China, que se impuso como respuesta a los abusos contra los derechos humanos cometidos en 1989", ha declarado Baber.

"El gobierno chino ha recorrido un largo camino en los últimos años para reformar sus leyes sobre comercio a fin de ajustarlos a las normas de la OMC -prosiguió Baber-. Ahora el gobierno chino debe a su pueblo la misma determinación en respetar las normas internacionales de derechos humanos. Para cuando el mundo se reúna en Beijing, en el 2008, para 'celebrar la humanidad' bajo la bandera olímpica, las ejecuciones deben haber cesado, y la pena de muerte debe estar abolida tanto en la práctica como en el derecho."

Amnistía Internacional se opone a la pena capital por considerar que es una pena cruel, inhumana y degradante por excelencia, y que viola el derecho a la vida.