Ariel Ruiz Mondragón: México: Manuel Camacho en San Juan Ixtayopan

Mes y medio ha transcurrido desde aquel aciago y trágico anochecer del 23 de noviembre de 2004, fecha en que tres miembros de la Policía Federal Preventiva fueron linchados por una turba en una de las colonias del pueblo de San Juan Ixtayopan, Delegación Tláhuac, Distrito Federal ("la ciudad de la esperanza"). Pese a que ya hay alrededor de una treintena de personas presas por los hechos, todavía se está a la búsqueda e indagación de más responsables, por parte de quienes perpetraron directamente tal atrocidad o de las autoridades que, evidentemente, incurrieron en omisión al haber permitido que ocurrieran hechos claramente delictivos sin intervenir con eficacia y rapidez. Por supuesto, muchos de éstos hoy están en fuga o pergeñan falacias para justificar su proceder y obtener impunidad.

Muchos de los responsables publicos no están solos; tienen quienes los defiendan y con ellos diseñan estrategias y coartadas porque sus objetivos políticos gremiales podrían verse gravemente dañados si se ahonda en lo ocurrido en Ixtayopan. Dentro de esa línea se inscribe el artículo de Manuel Camacho Solís "¡Reconsidere!", publicado en El Universal el pasado lunes 3 de enero. El alegato, presentado a modo de misiva dirigida al presidente Vicente Fox y que leí con bastante vergüenza ajena, resume de manera magistral las nuevas líneas de defensa de su grupo político, hoy al servicio de Andrés Manuel López Obrador. Es un mañoso artículo lleno de escamoteos, trampas, incoherencias y desconocimiento profundo de los hechos, cuyo indigno fin es puramente politiquero en la peor acepción de este término. Por ello, es preciso desmontar los sofismas del texto camachiano.

Las dos versiones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal

Manuel Camacho emprende una defensa política de su viejo palafrenero Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal el día de los hechos, así como de Gabriel Regino -subsecretario de Ebrard-, de la jefa delegacional en Tláhuac, Fátima Mena, y como un extra que comprobaría el ánimo de "justicia" y equilibrio del texto, la del pobre almirante José Luis Figueroa, jefe de la Policía Federal Preventiva en la capital. Para ello, Camacho hace toda una apología de un Dios -"método", dice el caudillo del PCD- que está aún sobre la propia vida humana: "la negociación". Los funcionarios que defiende no sólo no debieran ser exonerados por su inacción, sino reconocidos por haber confiado y mantenido la "negociación" pese a todo, pasara lo que pasara. Y pasaron hechos atroces, mientras se confiaba en dicho "método". Esto es lo grave.

Pero vayamos por partes. En los festejos decembrinos, y casi sin darnos cuenta, el discurso justificatorio de la inacción gubernamental en los hechos de San Juan Ixtayopan ha dado un viraje drástico entre el día posterior a los hechos y lo explicado un mes después. De hecho, las versiones que han dado los dos principales encargados de la seguridad pública en el Distrito Federal, Marcelo Ebrard y Gabriel Regino, son excluyentes y contradictorias. Eso sería suficiente para que, al contrario de lo que quiere Camacho, ambos personajes fueran investigados -por el momento dejamos de lado las evidentes contradicciones entre la declaración del almirante Figueroa y las de Regino-.

En la conferencia de prensa mañanera al día siguiente de los hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dio una versión de lo que todo el mundo vio como una terrible y flagrante omisión de las autoridades. La explicación que dio para justificar la extraordinaria tardanza para intervenir y detener el linchamiento giró alrededor de la dificultad para reunir y trasladar las fuerzas necesarias para el caso, así como los problemas que tuvieron que enfrentar por la orografía del lugar, sus características físicas, por las calles angostas y por el número de gente. En declaraciones posteriores, Ebrard también mencionó horarios de cuando fue hacia el lugar en helicóptero; en cada declaración a la prensa que ha dado han sido diferentes, hasta dejar el asunto en una muy cómoda ambigüedad.

De lo anterior, se puede desprender lo siguiente: En todo caso, no habría habido omisión; se quiso actuar, incluso mediante la fuerza (evidentemente, Ebrard no trasladaría a cientos de granaderos sorteando difíciles accidentes orográficos para que tomaran el té con los linchadores). De hecho se iba a actuar con fuerza, pero las fuerzas del orden que necesitaban llegaron cuando la suerte ya estaba echada debido a las insalvables circunstancias ya mencionadas. Esta versión, que aquí llamaremos "tesis orográfica", ha sido defendida siempre por Ebrard: baste recordar que el día que fue defenestrado por Vicente Fox se encontraba sustentando tal tesis en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para lo cual se auxiliaba de mapas y maquetas. Lo mismo ha hecho en las entrevistas que dio después de su remoción. De allí no se había movido.

Exactamente un mes después de los hechos, en un noticiario televisivo, Gabriel Regino hizo una exposición que marca un cambio radical en la versión oficial capitalina de los hechos; prácticamente es otra, y es a la que se apega Manuel Camacho. Para explicar la inacción, el subsecretario recurrió a otro expediente muy diferente: el de la "negociación". En San Juan Ixtayopan no se habría utilizado la fuerza debido, entre otras cosas, a que estaba obligado por tratados internacionales con la ONU. Enseñó un documento -que uno supone del organismo internacional-, y afirmó: "Aquí dice perfectamente cómo intervenir en concentraciones violentas, y las armas de fuego y la actuación policial no es la forma de solucionarlo (sic)". Asimismo, el subsecretario afirmó haber participado en negociaciones de siete y hasta once horas en intentos de linchamiento.

Veamos: en la explicación de la inacción de la SSP que aportó Ebrard (la "tesis orográfica") nunca -léase bien: nunca- apareció nada remotamente parecido a la "negociación" ni a tratados internacionales con la ONU. En la "tesis negociadora", expuesta por Regino y a la cual se allana Camacho, no aparecen ni por asomo la dificultad para reunir a fuerzas policiales para intervenir y detener el linchamiento, ni mucho menos las complicaciones que presentaba el lugar. Las dos tesis esgrimidas por los dos más altos mandos de la SSP-DF disienten en puntos sustanciales, cruciales. Es evidente que hubo omisión y mentiras por las que esos personajes deberían ser investigados.

Pongámoslo en términos sencillos: La "tesis orográfica" de Ebrard presupone la utilización de la fuerza (de otro modo, ¿por qué llevar al lugar a cientos de granaderos y solicitar apoyo a la PFP?), mientras que la "tesis negociadora" de Gabriel Regino la rechaza totalmente. Son tesis excluyentes entre sí, contradictorias. La primera afirma que se iba a utilizar la fuerza, pero que no hubo fuerzas policiales suficientes para dicha intervención cuando todavía era posible; la segunda implica que se disponía de fuerzas para intervenir, pero que no se hizo porque se prefirió la negociación y el respeto a los tratados de la ONU. Las incongruencias entre las explicaciones que han dado los dos más altos responsables de la seguridad pública capitalina son evidentes. No hay motivo, mucho menos las encuestas de popularidad que alega Camacho, para que no sean investigados esos señores. Y castigar a los responsables de la omisión.

¿Por qué existen dos versiones? En mi opinión, hay dos posibilidades. La primera es que uno de los dos, Marcelo Ebrard o Gabriel Regino, miente. Tras la caída de Ebrard, y ya con los reflectores puestos sobre su persona, Regino habría querido salvarse él mismo. Sin embargo, es muy improbable: son parte del mismo equipo, del mismo grupo, tanto que, pese a las contradicciones evidentes, Manuel Camacho ha decidido defenderlos juntos.

La segunda, y mucho más probable: los dos altos mandos capitalinos han estado mintiendo, junto con el resto del gobierno al que pertenecen, para intentar justificar la omisión. El salto mortal que han dado para pasar de la "tesis orográfica" a la "tesis negociadora" -que expresa muy bien Camacho- fue mediado por dos hechos contundentes: la aparición y difusión del video hallado en una casa en Peña Alta y la difusión de la grabación de la comunicación entre Regino y el jefe de Mixquic. En ambos documentos se puede apreciar la impericia e indolencia con la que se actuó en Tláhuac. De allí la obligación de modificar, aunque fuera de manera muy contradictoria, la versión oficial defeña de lo que hicieron y dejaron de hacer en esa crisis. Esa versión es hoy defendida y difundida por personas como Manuel Camacho Solís.

En todo caso, las tesis contradictorias que manejan dos de sus defendidos convierte en absurda la defensa que hace Camacho de los dos a la vez. Ebrard no mencionó negociaciones en la explicación que ha dado. A la luz de contradicciones tan flagrantes, es deleznable la petición de reconsideración que hace Camacho.

Negociación hasta la ignominia

En su carta/artículo, Manuel Camacho hace una encendida apología de la negociación. Según su concepción, ella está por encima de todo, incluso por arriba de la vida de las víctimas. "Método" -dice- muy exitoso para afrontar problemas semejantes al de Tláhuac y utilizado en cualquier país democrático. Las autoridades están obligadas a negociar antes de hacer uso de la fuerza. De hecho, agrega, así lo hace el gobierno federal. La jefa de la delegación y los mandos de la policía del Distrito Federal, arguye, actuaron correctamente en San Juan.

Lamentablemente, está equivocado en mucho de lo que afirma. Por supuesto que su exhortación a recurrir primeramente a la negociación para resolver de manera pacífica los conflictos sociales es totalmente compartible. Ése no es el problema: la auténtica cuestión es determinar el momento de dar por cerrada la vía negociadora y decidir el uso de la fuerza. Este tema, que es el relevante, es el que evade tramposamente Manuel Camacho. ¿En San Juan Ixtayopan se había cancelado la posibilidad negociadora, por lo que era necesario recurrir al uso de la fuerza? Es evidente que sí. En consecuencia, la defensa de Camacho se derrumba de forma contundente.

Veamos los intentos negociadores que hemos podido apreciar por los medios de comunicación -esto no implica que no se hayan verificado otros-. Primero: en el video obtenido de la casa de Eduardo Torres y Alicia Zamorano observamos cuando menos los dos primeros. A esas tempranas alturas, se podía apreciar que la parte más radical de la turba había ganado terreno y que ya decidía el linchamiento. En las imágenes podemos observar a un policía judicial del Distrito Federal que se acerca al sitio en el que están retenidos los tres policías federales; intenta empezar un diálogo con las personas allí reunidas; pero tras un grito de "¡cómplice!" es hostigado y finalmente obligado a retirarse. Según su propio relato, en su huída fue golpeado e incluso le intentaron quitar el arma.

En el mismo video aparece un profesor de la escuela Popol Vuh, quien, junto a una acompañante, intenta interceder por los policías retenidos. Los dos son obligados a irse entre amenazas e insultos.

Hubo al menos otros dos intentos de negociación. El más sonado es el de la jefa delegacional Fátima Mena. Sin embargo, ante la agresiva actitud de los linchadores, tuvo que retirarse. En su fuga, que muchos vimos en la televisión, demostró perfecta sintonía con los rumores esparcidos por los linchadores y prefirió atender un hecho imaginario -dos niños que supuestamente habían sido secuestrados en un taxi- antes que un hecho real, duro y concreto: la retención y golpiza a tres personas por una turba.

Otra intervención negociadora habría sido la del mayordomo de San Juan Ixtayopan. Pero fue muy poco lo que éste pudo hacer: como declaró Marcelo Ebrard, Fátima Mena se retiró porque el mayordomo le dijo que ya no le podía garantizar que no la golpearan. Obviamente, si la intercesión no sirvió siquiera para defender a la jefa delegacional, mucho menos resultó positiva para intentar aliviar el conflicto.

Un autoridad policial, un profesor, la autoridad administrativa de la demarcación y la autoridad tradicional del pueblo fracasaron notablemente en sus intentonas negociadoras en medio de amenazas, insultos y golpes. La masa violenta ya había dejado muy en claro que la negociación no le interesaba. ¿No era hora ya de dejar atrás la fase de "negociación"?

Hubo un momento en que se pudo intervenir. En la comunicación entre Regino y el jefe de Mixquic, éste sugiere iniciar la acción policíaca. Es cuando el subsecretario lo reconviene: dice que las cosas no se arreglan así y envía a buscar al párroco y al mayordomo del pueblo. Dependiendo de las condiciones del momento, allí pudo haber estado el punto de quiebre, el momento decisivo para una intervención eficaz. No se hizo: Regino ordenó el "R.-11" -"estar pendientes"- y se cerró una posibilidad de rescate. Allí pudo haber quedado sellado el destino de los tres policías federales. Difícil determinarlo (dicho sea de paso, la idea de Regino de enviar a buscar a los líderes tradicionales para que le sacaran las castañas del fuego no fue mala. Pero esa acción tuvo dos grandes inconvenientes que la hicieron fracasar; primero, el cura había muerto pocos días antes, y segundo, la zona del crimen está habitada en su gran mayoría por colonos inmigrantes, lo que hizo que una "autoridad tradicional" del "pueblo originario", como el mayordomo, tuviera una ascendencia bastante menor).

Muchos indicios nos hacen presumir que probablemente nunca hubo un intercambio digno de ser llamado "negociación". Para establecerla, la primera y única exigencia de la autoridad o de quienes hablaran en su nombre debió ser la siguiente: el cese inmediato y total de la brutal golpiza a que estaban siendo sometidos los tres policías. Las imágenes nos enseñan que la agresión fue in crescendo hasta llegar al clímax de prenderles fuego. ¿Qué negociación hubo?

Es muy problable que la ruta de la negociación fuera abandonada lo suficientemente temprano como para abrir la vía del ejercicio de la violencia legítima: los hechos lo demuestran. Si, pese a todo, se insistió en el diálogo -como postula Camacho-, los trágicos resultados están a la vista. Y alguien debe ser castigado.

Por lo anterior, los funcionarios que pretende proteger Camacho son indefendibles. Se podría compartir su entusiasmo por ellos y por el método de la negociación, si y sólo si se hubiera cumplido una condición: que por mor de las artes negociadoras de alguno de ellos, el conflicto se hubiera desactivado y se hubiera rescatado vivos a los tres policías. Era la única forma de validar la eficacia de ese método para el caso de San Juan Ixtayopan; sin embargo, Camacho convierte al método en un fin en sí mismo, lo que es aberrante. En la lógica de Camacho la negociación es superior a la vida humana.

La pregunta que Camacho no se atreve ya no digamos a responder, sino ni siquiera a plantearse, es la siguiente: fracasados los intentos de negociación -como hemos visto-, ¿por qué no se recurrió a la fuerza? Ahí reside la acusación de omisión, no en la exigencia de que desde el principio se debió usar la represión -como afirma tramposamente Camacho-. Los funcionarios que debieron tomar esa decisión se acobardaron; el ex comisionado para la paz en Chiapas es mucho peor: no es capaz de responder a ese problema ni siquiera en el papel. Y en este punto, Camacho ofende a la inteligencia: sólo la ignorancia, la desvergüenza y la mala fe pudieron llevarlo a equiparar el bloqueo de una carretera con el linchamiento en San Juan Ixtayopan. Eso es obsceno. ¿Cuándo se está matando a personas es permisible "negociar", es tolerable estar esperanzado a una "negociación" mientras están despedazando a seres humanos? ¿En Tláhuac se podía negociar durante horas, como lo sugiere el exregente salinista? ¿Se podía confiar en todo momento en "la negociación"? Si alguien creyó eso, pese a todas las evidencias, vean lo que ocurrió. ¡Allí está el resultado de su estupidez! Lo peor es que el diputado federal por el PRD simula que no lo sabe y que nadie es responsable.

Hay quienes no confían en la negociación y saben que se la tienen que rifar para cumplir con su deber. En diciembre pasado, el gobierno del Distrito Federal premió a los policías judiciales capitalinos que rescataron a Edgar Moreno Nolasco. Esos agentes no negociaron o, si lo hicieron, pronto se convencieron de la inutilidad de ese método en las condiciones que prevalecieron ese día. Como ellos recordaron, tuvieron que enfrentarse a golpes a los linchadores para arrancarles la humanidad estragada del miembro de la PFP sobreviviente -nótese: no usaron armas de fuego-. Es posible que a Manuel Camacho, si es congruente con lo que dice, el premio le parezca un error y que esto más bien le huela a una vuelta a "la represión abierta y torpe".

La "justicia" encuestada

Ahora, el camachismo ha asumido la defensa hasta del almirante José Luis Figueroa, dentro de la consigna de que él y Regino son "chivos expiatorios" al haber sido indiciados. Lo cierto es que la declaración ministerial de Figueroa inculpa directamente a Gabriel Regino por los hechos de Tláhuac. Lo que vimos y escuchamos por televisión los días 21, 22 y 23 de diciembre deja en claro que uno de los dos miente. Existen responsabilidades que ambos evitan. Pero en todo caso, con sus declaraciones contradictorias, también es absurdo defender a ambos a la vez. Baste mencionar que Regino afirmó que el almirante estaba más preocupado en el boletín de prensa acerca de las actividades de los tres policías federales que en el conflicto. Eso quiere decir que Figueroa estaba perfectamente enterado del operativo, lo que despedaza la defensa que Camacho hace del almirante.

A mí me llama la atención otra declaración de Figueroa. Al día siguiente de los hechos, al ser interrogado en un noticiero televisivo acerca del por qué de la tardanza de la movilización de efectivos de la PFP hacia la zona de conflicto, explicó que fue porque la PFP se encuentra en Constituyentes, es decir, lejos del lugar. Pero quien viva en el sur de la ciudad muy probablemente conoce el cuartel que la PFP tiene en Calzada de las Bombas, por el rumbo de Villa Coapa, un lugar bastante más cercano a Tláhuac que el mencionado por Figueroa. ¿Es posible que el encargado de la PFP en el Distrito Federal ignorara esto? Imposible. Entonces, ¿por qué no movilizó las fuerzas que allí se encontraban? (los policías que estaban en esas instalaciones de la PFP declararon después que, pese a que estaban enterados por los medios de comunicación de lo que ocurría, sus jefes los mandaron a dormir. Cuando fueron por fin movilizados, ya la masacre estaba prácticamente consumada).

Lo más grave del asunto es que, según los tinterillos del gobierno del Distrito Federal, ahora resulta que nadie es responsable de las evidentes omisiones. Durante unas tres horas, buena parte de ellas con transmisión en vivo por radio y televisión -imágenes que fueron vistas en todo el mundo-, en la vía pública tres policías sufrieron un suplicio inhumano por parte de una turba, lo que culminó con la muerte de dos de ellos y el restante quedo moribundo. Las autoridades no hicieron nada eficaz que pudiera evitar tal situación y resolver tan grave desorden, ni por las buenas ni por las malas. El hombre volvió a ser el lobo del hombre de la manera más descarnada y quienes tenían la obligación de evitarlo no lo hicieron. Cuando ocurre esto, ¿no hay responsables?

Camacho exculpa a todos los que puede, pero no nos dice quiénes son entonces los responsables. Por allí, pálidamente, intenta señalar algunos: siguiendo la política de cortina de humo de su jefe, culpa ¡a quienes mandaron el operativo de inteligencia contra el EPR en Tláhuac! Esos son los que, ya perdido cualquier sentido del ridículo, señala el ex regente. Lo más patético es que, de forma caprichosa y muy conveniente, exculpa al almirante Figueroa, que en todo caso es responsable precisamente de ese operativo que llevaban a cabo los tres agentes contra grupos guerrilleros. Como lo prueba la declaración de Regino -no refutada por Figueroa en su "debate" televisivo-, sabía de lo que se trataba. Defensa imposible la que emprende Camacho.

Ahora bien, los propósitos de Camacho con su articulito ya ni siquiera son políticos, sino politiqueros con toda la carga de mendacidad que esta palabra pueda contener. Para mostrar esto, bastaría preguntarle: ya que le interesa tanto evitar la injusticia, ¿por qué no asume en su artículo la defensa de cuando menos un preso por el linchamiento, Sergio Montealegre, a quien todas las pruebas y testimonios señalan como inocente? Sencillo: porque éste es un pobre ciudadano que no está en la cima de las encuestas y porque de allí no va a obtener ninguna porción de poder de su actual jefe. A Camacho le importa un bledo la justicia: su interés se centra exclusivamente en el poder. Enhorabuena, pero que no nos quiera engañar con lloriqueos.

En este caso es forzoso recordar que una de las funciones principales del Estado, la primera, es la de salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. La prioridad estatal que deja ver en su texto Camacho es otra: aunque lo plantea en forma de interrogación, para él "está en el interés del Estado cuidar a los cuadros que están dispuestos a asumir las responsabilidades más difíciles y riesgosas". Es decir, lo fundamental para el Estado en el caso de San Juan Ixtayopan no es castigar a quienes perpetraron el crimen y a quienes, teniendo que evitarlo, lo permitieron con sus omisiones. No, eso son niñerías; lo importante para Camacho es que el Estado cuide que los miembros de su camarilla, como Marcelo Ebrard, trepen a los cargos públicos que les deparan las encuestas -la jefatura de gobierno del Distrito Federal, por ejemplo-. Por la "legitimidad" que éstas otorgan, debe ser intocable: al igual que lo hace su patrón, su petición es que la justicia también se dirima en las urnas. Que Ebrard caiga en contradicciones evidentes con Regino en la justificación de las omisiones, no importa: lo relevante es que sigan siendo plumas del gallo de López Obrador.

A la luz de las numerosas contradicciones y evidentes omisiones, no hay razón para que los mandos policiales del DF no deban ser investigados. Como se ha visto, además nos han estado mintiendo. No son los únicos. Pero no podemos dejar que las responsabilidades se diluyan entre elogios a "la negociación" ni que la acción de la justicia se interrumpa por los resultados de encuestas electorales.

El número de funcionarios destituidos e investigados debería aumentar. Ramón Martín Huerta es un funcionario tan basto que da vergüenza, y es inexplicable que permanezca en su cargo. Su actuación no se justifica porque apenas llevara tres meses como secretario de Seguridad Pública federal. Muchas de sus declaraciones y apariciones públicas han sido penosas. Baste recordar que cuando Ciro Gómez Leyva le preguntó qué tenía que hacer CNI con la cámara fotográfica de los policías asesinados, hallada por un reportero de su canal en el lugar de los hechos, Huerta no tenía la más mínima idea de lo que procedía, y solamente porque Dios es muy grande no le dijo al conductor que se la podía quedar.

El señor Huerta no ha sido llamado por la Procuraduría General de la República ni siquiera a declarar como testigo, ya no digamos como acusado. Su testimonio es relevante, ya que se informó que la noche de los hechos tuvo comunicación con Marcelo Ebrard para coordinar las acciones de las fuerzas federales y locales. Mucho tiene que decir y aclarar el todavía secretario. Que no haya sido llamado por la autoridad competente, vicia, introduce enorme ruido en el proceso de investigación.

Otro funcionario que ya debería haberse marchado es el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, quien se ha encargado de garantizar impunidad a anteriores linchadores. Unos días después de los hechos, en una nota periodística se informó que entre 2001 y 2004 en la capital mexicana se han registrado 24 linchamientos o intentos de linchamiento, lo que ha dado como resultado seis personas muertas y muchas lesionadas. Pese a que existen videos, fotografías y testimonios, no hay un solo detenido por esos hechos. Por esto es que estoy seguro de que los linchadores de Tláhuac actuaron con el convencimiento de que no serían castigados.

El por qué Fox y López Obrador mantienen en sus cargos a tan desafortunados personajes son grandes motivos para aumentar las vergüenzas nacionales.

Se pueden decir muchas más cosas a propósito de la incursión de Manuel Camacho en el tema del linchamiento en San Juan Ixtayopan. Su prestigio político y su vigor intelectual sufrieron un golpe mortal entre 1993 y 1994, con los hechos de todos conocidos, y su declive ha sido notable a partir de entonces. Para reír y empezar bien el año, me gusta recordar mi escena camachista favorita: cuando, entre la expectación general, en el debate del 2000 por fin nos reveló la "sorpresa" que le tenía guardada a Francisco Labastida. Allí está la verdadera medida de Camacho.

Post-scriptum: Un día después de haber escrito este texto, el subsecretario Gabriel Regino compareció ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hay dos cosas que quiero destacar.

Con Regino se presentaron Gloria Hernández, jefa del Sector Gama, y Eduardo Hernández, jefe del sector Mixquic, quienes estuvieron en el lugar de los hechos; relataron que la multitud pedía la presencia de altos mandos para entregar a los agentes, pero que una señora gorda apodada La Güera impuso a gritos su opinión de matarlos. La llamada "jefa Gama" añadió que ella cubrió con su cuerpo a uno de los agentes, pero que al pasar el tiempo empezaron las agresiones y que ella misma, con su escolta, terminó rociada con gasolina, amenazada de que le iban a prender fuego. Ni así decidieron el uso de la fuerza.

Por lo poco que pude ver de la intervención de Regino, observo que ahora ha terminado de adoptar el tono de "perdonavidas". Su discurso puede resumirse de esta manera: "Permitimos una masacre para evitar otra masacre." Esto está sustentado en una falacia: que el uso de la fuerza implicaba, necesaria y obligatoriamente, la utilización de armas de fuego.

Muchos comentaristas han divagado sobre la forma en que pudieron ser rescatados los policías: desde el uso de gases lacrimógenos hasta un peliculesco descenso a rapel, ambos desde un helicóptero. Las autoridades no han dejado bien en claro por qué no se podían utilizar esos procedimientos. Lo más cercano a eso fue la declaración de Ramón Martín Huerta de que la turba podía tirar a pedradas el helicóptero (al parecer ha visto demasiado Black hawk down).

Los policías federales preventivos que denunciaron que fueron mandados a dormir en lugar de ser enviados a rescatar a sus compañeros, explicaron que podían haberlo hecho sin armas de fuego, que tienen formaciones que lo hubieran permitido. Eso sí, son técnicas basadas en la intimidación. Obviamente, con mucha seguridad habría habido golpeados y lesionados, y tal vez hasta algo peor (por sabido lo callo). Pero cumplir con algunas de las obligaciones del Estado no siempre es muy grato y puede restar muchas simpatías electorales.

A guisa de colofón: Al tiempo que se desarrollaba la comparecencia de Regino en la ALDF, en el poblado de Santiago Atlatongo, en el municipio de San Juan Teotihuacán -sitio relativamente cercano al Distrito Federal-, los pobladores detuvieron y golpearon a seis policías de la Procuraduría General de Justicia estatal. Hubo enfrentamiento y negociación. Por la noche, tres policías seguían retenidos por los pobladores, quienes, para otorgarles su libertad, exigían un canje por dos de sus compañeros supuestamente detenidos por las autoridades.

Entre Ixtayopan y Teotihuacán ya se habían registrado al menos otros dos intentos de linchamiento. Uno en Veracruz y otro en Puebla.

México, D. F., 5 de enero del 2005.