La UE ablanda el pacto de estabilidad y cierra el proceso contra Francia y Alemania

Los veinticinco hicieron ayer progresos en el debate para la reforma del pacto de estabilidad. Tras haber fracasado en el intento de aplicarlo de modo estricto y legalista, los socios coinciden en la conveniencia de adaptarlo a la realidad y la necesidad de crecer.

Los socios europeos están desde ayer más cerca de un acuerdo para el definitivo abandono del pacto de estabilidad en su concepción y formulación actuales. Tras largos meses de confusos debate y de variadas pero imprecisas propuestas, los titulares de Economía y Finanzas de la UE mostraron ayer por vez primera una clara disposición al consenso respecto a ciertas bases para la reforma del pacto. Los ministros se mostraron de acuerdo en renunciar definitivamente a una aplicación demasiado estricta y legalista de los límites de déficit público y deuda que el documento establece (3% y 60% del PIB, respectivamente), y en la conveniencia de elaborar nuevas normas que relacionen mejor las necesidades de estabilidad financiera y presupuestaria con las no menos acuciantes de crecimiento económico.

Con matices y correcciones, el consenso se fundamenta en la propuesta lanzada en septiembre pasado por el comisario Joaquín Almunia y en algunas ideas similares o coincidentes expuestas hace unos días por el canciller Gerhard Schröder. La filosofía general es, según explicó ayer el primer ministro luxemburgués y presidente en funciones del Consejo de la UE, Jean Claude Juncker, ser más estrictos en la vigilancia de los déficit públicos en las etapas de fuerte crecimiento -es decir, aprovechar las vacas gordas para corregir desfases e incluso arrancar superávit que ofrezcan un colchón para cuando vengan mal dadas- y otorgar en cambio "ciertas dosis de flexibilidad" en las épocas de estancamiento o severa desaceleración, y no ya sólo en las de profundas recesiones (de -2% del PIB o más), como prevé el pacto en su redacción actual.

Las discusiones sobre la letra pequeña -no irrelevante- que deberá precisar las condiciones y criterios de esa "flexibilidad" en la aplicación de los límites y las normas del pacto registraron ayer algunos avances. Aunque todavía falta concretarlos y consolidarlos. Los ministros aceptan en general que los objetivos de ajuste y los plazos que se fijan en las exigencias que la Comisión Europea formula cuando un país se aproxima al tope del déficit, y también cuando ya lo ha sobrepasado, se modulen en función de las circunstancias específicas de ese país. Los veinticinco se inclinan además por que el tiempo máximo para resituar el déficit hasta menos del 3%, ahora de un año, pueda ampliarse e incluso doblarse en ciertas situaciones y bajo estrictos condicionantes. Entre las circunstancias que tener en cuenta a la hora de enjuiciar la disciplina fiscal de un socio, los Veinticinco contemplan incluir las reformas estructurales que el país pueda haber emprendido para asegurar la sostenibilidad de sus finanzas y afrontar el envejecimiento de su población, así como las realizadas para apuntalar su potencial de crecimiento, por ejemplo mediante cambios en su mercado laboral.

Todos estos puntos están en la propuesta de Almunia y en la polémica tribuna que Schröder publicó anteayer en Financial Times. Una mayoría de socios rechazó ayer no obstante otras ideas y expresiones colaterales de Schröder, como la propuesta de suprimir la apertura automática del procedimiento de déficit en el caso de países que, aun cuando hubieran superado el 3%, mostrasen un claro potencial para resituarlo por debajo de ese tope y para reducir su deuda "a medio plazo". Tampoco tuvo eco la insistencia del canciller en restar poder y capacidad de iniciativa a la Comisión Europea en el control de los déficit. Al respecto, Juncker rechazó todo el intento de "cuestionar" las facultades del Ejecutivo comunitario y dijo varias veces que Schröder, con quien se reunirá el viernes, "no dirige la economía europea".

El gobernante luxemburgués y los socios también coincidieron en la conveniencia de dar más importancia, durante la aplicación del pacto, al nivel de endeudamiento. En lo que no hay acuerdo aún es en cómo calibrar los excesos en este punto, es decir, en si deben emplearse sólo criterios cuantitativos sobre el montante de la deuda o también hay que considerar el origen de ésta.

Juncker rechazó excluir ciertas categorías de gastos, como los de innovación o defensa, del cálculo del déficit. Algunos medios habían atribuído esta pretensión a Schröder, así como a Jacques Chirac y Silvio Berlusconi. Lo cierto es que lo que los tres defienden, sin que ni sus socios ni la Comisión lo rechacen en absoluto, es que también esos gastos sean valorados -no restados- a la hora de tomar medidas de vigilancia y control del déficit.

Con el que sí discrepó ayer Junker fue con el Banco Central Europeo. El presidente de turno de la UE rechazó la tesis del BCE de que algunas de las propuestas para la reforma del pacto podrían dañar la estabilidad del euro. "No creo que los mercados financieros se vean turbados por cambios en las reglas", dijo.

El debate sobre la reforma del pacto, que los ministros quieren y ven posible culminar en marzo, coincidió con dos nuevos y elocuentes capítulos de su aplicación práctica. Al tiempo que confirmaban su renuncia a dar nuevos pasos en los procedimientos por déficit excesivo abiertos contra Alemania y Francia, los ministros de Economía aprobaron la propuesta de Almunia de avanzar en el iniciado contra Grecia, hasta el punto de colocar a este país a dos pasos de una cuantiosa sanción económica: una fase a la que no se había llegado hasta ahora. Además, el Consejo amonestó a Hungría por igual motivo, aunque al ser un socio nuevo y ajeno al euro cuenta con mayor margen y por ahora no es candidato a una sanción.

Almunia y los titulares de Economía justifican el diferente trato a según qué países incumplidores atendiendo a su comportamiento y sus esfuerzos para corregir los deslices. La Comisión y los socios consideran que tanto París como Berlín han hecho los deberes que se les encomendó en su momento y serán capaces de reducir sus déficit hasta algo menos del 3% en el 2005. No así Atenas, que tras haber superado el 5% en el 2004 y falseado año tras año datos básicos en sus informes a la Comisión, parece llevar camino de volver a excederse el año que viene. En cuanto a Hungría, el objetivo de no superar el 4,1% en el 2005 se ve igualmente ilusorio.