España: Patriotismo constitucional

Vivimos las conmemoraciones del 27 aniversario de la Constitución Española inmersos en un clima político enrarecido, en el que algunos convocan actos multitudinarios para reivindicar la Constitución. El patriotismo constitucional parece ser patrimonio de unos pocos y la defensa de la Constitución se convierte en arma arrojadiza contra muchos.

Releo un artículo de Joaquín Leguina, al que deseo un pronto restablecimiento, en el que reflexiona sobre la vinculación entre patria y libertad, así como entre patria y derechos. Afirma el autor que las Cortes de Cádiz identificaban patria con libertad. Igualmente explica, en palabras de Manuel José Quintana, que los "antiguos (en referencia a los romanos) llamaban patria al estado o sociedad a los que pertenecían y cuyas leyes les aseguraban la libertad", mientras que allí donde "las voluntades están esclavizadas… y no existían leyes dirigidas al interés de todos, había un país, una gente, un ayuntamiento de hombres, pero no había patria". Flores Estrada, cuando se convocaron las Cortes de Cádiz, también lo había dejado claro al proclamar que "los españoles se hallan sin Constitución y, por consiguiente, sin patria.

Para que no quedaran dudas, Argüelles, al presentar la Constitución elaborada en Cádiz, la anunció así: "españoles, ya tenéis patria". Aquellos liberales volvían a Cicerón y a Roma, época que conocían bien, pero sobre todo bebían en fuentes más próximas -las de la Revolución francesa-, cuyos líderes llamaban "patriotas" a los revolucionarios frente a los "aristócratas", partidarios del Antiguo Régimen.

Sigo el razonamiento de Leguina hasta el momento en el que afirma que el actual "patriotismo constitucional" de la derecha política "tiene sus raíces más cercanas y reduccionistas en el artículo 2 de la Constitución ("la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles") y menos, me parece, en el verdadero tronco de la Constitución (…) -el Título I-, que trata de los derechos y deberes fundamentales, es decir, de las libertades civiles".

Según mi opinión, no hay más patria que los derechos y libertades que a todos nos hacen libres e iguales. La unidad de la nación, reconocida en el artículo 2, se completa en el mismo artículo reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esos son los únicos límites: la libertad, la solidaridad, la igualdad.

Quienes defienden la Constitución no deberían olvidar que el artículo 35 de la misma establece que "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Pocas cosas hay que hagan más patria que el ejercicio efectivo del derecho al trabajo.

220.000 personas en Madrid se encuentran en situación de desempleo. Más del 61 por ciento son mujeres. El 44 por ciento de estas personas lleva más de seis meses en situación de desempleo.

750.000 personas en Madrid tienen un contrato temporal. Sólo el 13 por ciento de los contratos que se realizan son indefinidos. El 29'3 por ciento del total de contratos son temporales, cifra que se eleva al 33 por ciento en el caso de las mujeres y al 47'3 por ciento en el caso de los contratos de jóvenes menores de 25 años. En el año 1996, el 7'5 por ciento de los contratos realizados por las administraciones públicas eran temporales, mientras que hoy lo son el 22 por ciento en Madrid. En las empresas privadas, en 1996, el 26 por ciento de los contratos eran temporales; hoy, el 31 por ciento. La media europea de temporalidad es del 13 por ciento.

Todas las fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Madrid coinciden en el objetivo de reducir la temporalidad al 18 por ciento en 2007, mediante un plan de choque negociado en el marco del Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento Económico de la Comunidad de Madrid suscrito por el Gobierno regional, CEIM, CC.OO. y UGT.

Ahí tienen nuestros gobernantes un objetivo patriótico por el que luchar. Mientras la temporalidad en España y en Madrid siga siendo tan alta, el derecho constitucional al trabajo, a la elección de profesión, a la promoción profesional, a la no discriminación por razón de sexo, seguirán siendo papel mojado. La corrección de las altas tasas de siniestralidad laboral será muy difícil. La vida laboral de nuestros jóvenes, de las mujeres, de los inmigrantes, seguirá siendo tremendamente precaria. Sólo trabajadores estables y cualificados e inversiones en innovación, desarrollo tecnológico e investigación, permitirán afrontar un futuro con menos riesgos. El trabajo es fuente de recursos y fuente de derechos. Esa y no otra es la tarea constitucional que tenemos por delante.

(*) Secretario general de CC.OO. de Madrid.