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| 11 de agosto del 2005 |
Fin del Gutierrismo y continuación de lo mismo
La Insignia. Ecuador, agosto del 2005.
Los últimos acontecimientos, que culminan con el pedido de renuncia a Rafael Correa, confirman el viraje de la política económica del Gobierno de Alfredo Palacio. Como pueblo, nos sentimos traicionados, porque cuando nuevas esperanzas fueron levantadas en la sociedad ecuatoriana, vuelve a las prácticas de su antecesor, para seguir satisfaciendo los intereses de las elites del poder económico y político, que se anteponen a las ansias de justicia y de igualdad de las grandes mayorías marginadas.
Las organizaciones sociales abajo firmantes, que trabajamos por un país soberano y sin pobreza, sentimos frustración y rebeldía por la actuación sumisa del gobierno de Alfredo Palacio, que en lugar de refundar la República, en la practica se ha entregado servilmente a las oligarquías de siempre, a los acreedores de la deuda y al Gobierno de los Estados Unidos. Los pilares de la economía pública, los sectores petrolero, eléctrico y telecomunicaciones, por decisión del presidente, vuelven a los mismos grupos de poder económico y político, que han venido festinando y usufructuando los bienes públicos, en alianza con las transnacionales, las petroleras extranjeras como la Occidental y los tenedores de bonos de deuda externa. La política del ex ministro Correa estuvo orientada a rescatar los recursos a favor de los ecuatorianos, privilegiando la inversión social y productiva. Su propuesta económica implicaba no solamente un cambio en el FEIREP sino una reforma integral del presupuesto en el marco de una nueva política económica, que ha sido postergada, una vez más, con su salida. Se insiste en aplicar las políticas económicas neoliberales que han fracasado por su incapacidad de generar crecimiento y desarrollo, profundizando la inequidad social. Ante esta situación convocamos a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, a defender activamente las reivindicaciones surgidas de las movilizaciones populares del 20 de abril, que se expresan en las siguientes demandas: Respeto a la soberanía nacional, a través de la revisión de los contratos de explotación petrolera y la declaratoria de caducidad del contrato con la Occidental. Una política económica que privilegie el pago de la deuda social que provea recursos para educación, vivienda, salud, empleo y la reactivación productiva; antes que el servicio de la deuda, propiciando una renegociación favorable con los acreedores. Una política internacional independiente, que permita nuevas relaciones económicas, sin condicionalidades ni de los organismos financieros multilaterales, ni de los gobiernos hegemónicos, priorizando los procesos de integración regional basados en la equidad y la solidaridad. La inmediata convocatoria a consulta popular sobre el TLC con Estados Unidos. La convocatoria a Asamblea Constituyente para decidir sobre las urgentes reformas políticas que requiere el país para lograr los cambios que aseguren la justicia, la democracia y la igualdad. Grupo Nacional de Trabajo sobre Deuda y Desarrollo:
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