Irene Khan: Carta abierta a los partidos políticos mexicanos

A todos los partidos políticos:

México se encuentra en la encrucijada. La transición democrática entrará en una nueva fase en las elecciones del 2006. Sin embargo, aunque las elecciones ocupan un lugar preponderante en la vida política del país, la cuestión de los derechos humanos -central para las aspiraciones democráticas de todos los ciudadanos- está ausente de los debates políticos. Los líderes políticos deben convertir la retórica en acción concreta si es que México va a vivir una nueva época de derechos humanos.

En los meses que vienen se expondrán, debatirán y, en última instancia, el electorado dará su opinión sobre los programas políticos de todos los partidos. México desempeña un papel vital, tanto regional como internacional, al respaldar la protección de los derechos humanos en un ambiente sumamente difícil. Es fundamental que siga siendo así, y que el pueblo de México perciba los beneficios tangibles de estas políticas en sus propias comunidades y en su vida.

Uno de sus principales retos será el de garantizar que el papel destacado que desempeña México, tanto regional como internacionalmente, en la promoción de los derechos humanos se refleja en una mejora sustancial de la protección y disfrute de esos derechos en todos los lugares del país.

No cabe duda de que la protección y promoción de los derechos humanos en México sigue siendo un tema fundamental para todos los ciudadanos. El país ha sido testigo de muchos cambios en los últimos diez años. La política de "puertas abiertas" del actual gobierno con respecto a organizaciones como la nuestra ha facilitado la labor de Amnistía Internacional y ha permitido que el país reciba un grado de cooperación sin precedentes de la comunidad internacional. La sociedad civil ha crecido y la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas al gobierno y a las instituciones del Estado -a nivel federal, estatal y municipal- ha comenzado a dar frutos. Pero esto no es suficiente: ha llegado la hora de que el respeto por los derechos fundamentales y la dignidad humana sean una realidad para todos los mexicanos. El desafío está en convertir los compromisos contraídos con respecto a los derechos humanos en algo tangible, de lo que todos puedan disfrutar. Esta es la responsabilidad de los partidos políticos junto con la sociedad civil.

Ha habido un avance, pero todavía es necesario tomar muchos pasos más sustanciales. Las deficiencias en el ámbito judicial y de la seguridad siguen fomentando la detención arbitraria, la tortura y los juicios sin garantías, y generan un alto nivel de corrupción e impunidad. El acceso a la justicia para muchos sectores de la población continúa siendo limitado. Los pueblos indígenas, las mujeres y los migrantes son víctimas de discriminación y violencia. Muchas comunidades, tanto urbanas como rurales, siguen viviendo en condiciones de pobreza y marginación extremas en las que el acceso a derechos básicos como la vivienda, la educación, la atención sanitaria o el agua sigue siendo muy precario. Aquellos que pretenden dar a conocer estas situaciones o hacer campaña para que se respeten los derechos aún sufren intimidaciones, amenazas y detenciones. Sigue habiendo impunidad para las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante la "guerra sucia" de México. Estas son sólo algunas de las muchas cuestiones que deben abordarse a lo largo y a lo ancho del país.

Una cuestión que domina repetidamente el programa político y social es el impacto de la delincuencia en la sociedad mexicana, y las medidas necesarias para combatirla. Con demasiada frecuencia, el respeto por los derechos humanos y los medios efectivos de prevenir y castigar la delincuencia se han colocado en situaciones opuestas, lo que ha debilitado el respeto por los derechos humanos fundamentales en nombre de la seguridad. México cuenta con su propia experiencia para demostrar la falsedad de esta propuesta, teniendo en cuenta que el aumento reiterado de las competencias policiales y judiciales para combatir la delincuencia, a lo largo de un período que se extiende más allá de los últimos diez años, no sólo no ha conseguido resultados positivos, sino que ha exacerbado las violaciones de los derechos humanos. Es un hecho demostrado que sin la aplicación rigurosa de unas garantías que realmente protejan los derechos fundamentales para todos, como la presunción de inocencia, no cesarán los abusos como la detención arbitraria, la tortura y otras violaciones del debido proceso, como tampoco aumentará la efectividad de los departamentos de seguridad del Estado ni de los organismos judiciales.

La transición de México también ha sido testigo de una creciente influencia e independencia de las distintas partes del Estado, como el Congreso de la Unión y los gobiernos estatales en el ámbito local. El equilibro de poder en un sistema de gobierno federal y democrático, como el de México, es esencial, pero también es esencial que estas autoridades rindan cuentas y cumplan con las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos. A nivel federal, el poder ejecutivo no tuvo la determinación necesaria, el poder legislativo ha dado preferencia a perseguir intereses políticos, y el poder judicial no ha aplicado estándares internacionales de derechos humanos en sus decisiones. Con demasiada frecuencia, se utilizan argumentos jurídicos y constitucionales, no para garantizar la rendición de cuentas, sino para justificar y mantener la impunidad y la inacción, como en el caso de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua. Superar estos obstáculos es un reto al que se deben enfrentar todos los estamentos del Estado y que los partidos políticos han de abordar con urgencia.

Como ejemplo de un reto similar para el gobierno actual, cabe citar la incapacidad de acordar las reformas que, con carácter urgente, habría que introducir en la Constitución y el sistema judicial. En 2004, Amnistía Internacional envió un memorándum a los miembros del Congreso de la Unión en el cual resaltaba la necesidad de fortalecer las propuestas de reforma del gobierno pero, hasta la fecha, la organización no ha recibido respuesta ni, por lo que sabemos, tampoco se ha producido un avance significativo en materia de legislación en esta área, como tampoco se ha adquirido un compromiso con la sociedad civil y otros actores para acordar los fundamentos de estas reformas tan necesarias. De hecho, uno de los grandes desafíos pendientes para México es realizar una revisión completa de su sistema judicial y de seguridad con miras a proteger los derechos humanos, aumentar la eficacia y garantizar el acceso a la justicia para todos.

El Diagnóstico de la situación de Derechos Humanos realizado bajo el auspicio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2003 proporciona un análisis valioso y comprensivo y una serie de recomendaciones. El Programa Nacional de Derechos Humanos del gobierno es un punto de partida en este proceso, al incorporar algunas de estas propuestas. Sin embargo, está claro que el próximo gobierno deberá encargarse de aplicar y de poner en práctica los fundamentos de las acciones concretas recomendadas por el Diagnóstico de la ONU.

Con este propósito, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los partidos políticos y los candidatos a que indiquen sus compromisos en materia de derechos humanos y detallen de qué forma piensan hacer frente a los siguientes temas:

Programa internacional de derechos humanos

México ha desempeñado un papel muy positivo en el panorama mundial en un momento de crisis internacional en la protección de los derechos humanos y la seguridad. El gobierno ha trabajado de forma constructiva con organizaciones intergubernamentales, ONG internacionales y otros gobiernos para tratar de mantener la protección de los derechos humanos en el centro de las iniciativas de seguridad. Es vital que esta política se consolide y fortalezca en los siguientes sexenios, así como que cuente con el respaldo de los partidos políticos.

Reformas constitucionales

La ratificación de algunos instrumentos internacionales clave, como el Estatuto de Roma, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y las medidas para abolir la pena de muerte, demuestra que es posible un avance. Se deben realizar reformas constitucionales para garantizar que no sean sólo una promesa en papel, sino que las obligaciones que México ha adquirido en virtud de tratados internacionales se hagan efectivas en la legislación nacional y de esta manera permitan que estos derechos y la protección que éstos ofrecen estén a disposición de todos los mexicanos. Por el mismo motivo, es vital que se eliminen las reservas e interpretaciones presentadas por el gobierno mexicano a tratados internacionales claves, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la no Aplicabilidad de las Limitaciones Legales a los Crímenes de Guerra y a los Crímenes contra la Humanidad.

Reforma judicial y del sistema de seguridad

Tal y como argumentaba el Memorándum al Congreso en 2004, la policía y el sistema procesal penal de México necesitan ser reformados de manera fundamental a fin de poder garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, así como sus derechos humanos. Para abordar las causas fundamentales de la crisis de seguridad no basta con aumentar las competencias de las fuerzas de seguridad y las penas. La reconstrucción de la credibilidad de los organismos judiciales y de seguridad sólo será posible si éstos mejoran tanto su capacidad técnica como la protección de los derechos fundamentales y si actúan con responsabilidad y transparencia ante la sociedad a la que sirven.

De la misma manera, la subordinación de la policía, las procuradurías generales de justicia y la judicatura a intereses políticos debe sustituirse por una observancia profesional e imparcial de los principios fundamentales de justicia establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para con ello garantizar la totalidad e igualdad de acceso a la justicia para todos.

Es de igual importancia delimitar con prudencia la función de seguridad desempeñada por las fuerzas militares, ya que el ejército no está capacitado para desarrollar una función policial o judicial ni tampoco es ése su cometido, y no puede garantizar un nivel adecuado de responsabilidad o transparencia. Por este motivo, también es hora de llevar a la práctica las reiteradas recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU y de la OEA. En ellas se pide que se limite el papel de la jurisdicción militar para que las fuerzas militares presuntamente responsables de violaciones graves de los derechos humanos sean sometidas a una investigación independiente e imparcial y a un juicio a cargo de las autoridades civiles competentes, y con ello reafirmar el derecho fundamental a la justicia que asiste a la víctima, e impedir la impunidad.

Violencia contra las mujeres

La discriminación y la violencia contra las mujeres siguen siendo endémicas en México. Los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua de los últimos doce años constituyen el ejemplo más destacado de cómo las profundas deficiencias en el sistema judicial y de seguridad, unidas a la discriminación y falta de igualdad, son caldo de cultivo para la violencia de género. Sin embargo, este tipo de violencia y el hecho de que las autoridades no actúen con contundencia en nombre de las víctimas y sus familias, no se limitan al estado de Chihuahua. Hay una necesidad urgente de aplicar políticas prácticas que garanticen el derecho de todas las mujeres a vivir sin violencia ni discriminación. Estos objetivos deben integrarse en la reforma de la policía y el sistema de seguridad.

Defensores de los derechos humanos

Los defensores de derechos humanos desempeñan una función fundamental a la hora de resaltar los abusos cometidos por las autoridades locales, así como de representar los intereses de las víctimas en su lucha por la justicia. Su intervención es vital cuando el Estado no cumple su deber de proteger y garantizar los derechos y a menudo juega un papel importante a la hora de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades. Por este mismo motivo, a menudo son víctimas de campañas difamatorias, amenazas, acosos o denuncias de delitos falsos. A pesar de ello, el número de defensores de derechos humanos se ha multiplicado, difundiendo información sobre derechos humanos por todo México y fortaleciendo a la sociedad civil. El trabajo de los defensores de derechos humanos es fundamental para una sociedad sana y es preciso que el progreso que ya se ha conseguido se consolide y aumente, lo que supone fortalecer la red de comisiones de derechos humanos estatales y, para ello, hace falta a su vez garantizar que puedan desempeñar su legítima labor sin temor a represalias.

Impunidad

Las promesas hacia el futuro serán juzgadas por el compromiso de hacer frente a los errores del pasado. La impunidad para todos los delitos es elevada, para las violaciones de derechos humanos lo es todavía más y para las violaciones de derechos humanos cometidas en la "guerra sucia" de México es máxima. El Fiscal Especial continúa su trabajo con resultados limitados y, de momento, poco satisfactorios. Son muchos y diferentes los elementos del Estado mexicano, ya sean militares o judiciales, que deben intervenir para que se pueda desmantelar esta impunidad. Hace falta un compromiso sólido para eliminar las barreras jurídicas e institucionales que impiden que los responsables sean juzgados. Este gobierno y el próximo deben garantizar la justicia, la verdad y la reparación de una vez por todas.

Derechos indígenas

El Congreso no estuvo a la altura de las expectativas de muchos pueblos indígenas con la Ley Indígena de 2001, que generó una profunda frustración e insatisfacción. Para que los pueblos indígenas de México disfruten de los derechos que les confieren las obligaciones de este país recogidas en tratados internacionales, el poder ejecutivo y el poder legislativo deben reformar la legislación vigente, y conjuntamente con los gobiernos estatales, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.

Derechos económicos, sociales y culturales

Es importante recordar que todos los aspectos de la política pública deben basarse en los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. La denegación de derechos económicos y sociales, como la extrema pobreza, está inextricablemente ligada a abusos de los derechos civiles y políticos, como la desigualdad de acceso a la justicia. Para que resulten eficaces, las políticas que abordan estas cuestiones deben basarse en un enfoque integrado de derechos humanos, un enfoque que reconozca el derecho a una vida digna y a no sufrir temor son dos aspectos inseparables de la seguridad humana.

Conclusiones

Estas son algunas de las cuestiones que Amnistía Internacional estima que deben abordarse. Los candidatos presidenciales y aquellos que pretenden ser elegidos miembros de la asamblea legislativa deben comprometerse a seguir un programa de acción concreto que trate de resolver estos problemas tan arraigados. Un diálogo abierto con organizaciones de la sociedad civil también es esencial para establecer la forma en que han de conseguirse estos objetivos, y para afianzar el amplio apoyo que hace falta para garantizar su éxito.

Amnistía Internacional organizó un debate público con la participación de representantes del Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Alternativa Democrática, ante un público de representantes de la sociedad civil. El objetivo del acto fue poner de manifiesto la responsabilidad de los candidatos presidenciales, así como la de todos los representantes de los principales partidos, a la hora de abrir el diálogo con la sociedad civil para elaborar un programa completo y concreto en torno a los derechos humanos. Amnistía Internacional espera que éste sea el primero de muchos debates y hace un llamamiento a los candidatos presidenciales a que sostengan un debate con representantes de la sociedad civil para plantear sus propuestas en materia de derechos humanos.

Los derechos humanos no tienen banderas políticas. Es imperativo que todos los partidos políticos a lo largo del espectro político, se comprometan a una agenda común de derechos humanos.