Wilfredo Ardito Vega: Perú: Impunidad de unos, vacilación de otros, indiferencia de muchos

La noche del 19 de abril de 1991, el subteniente José Luis Chávez Velásquez ordenó la detención de seis profesores que caminaban por Huancapi, capital de la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo. Al ver cómo los detenidos eran golpeados, la esposa de uno de ellos, Honorata Oré, intentó intervenir. Ella fue también conducida con los demás a la base contrasubversiva de esa localidad. Nunca volvieron a ser vistos con vida. Uno de los elementos más trágicos de esta historia es que los profesores acababan de desafiar a los senderistas al inscribirse para las elecciones municipales, que aquéllos querían boicotear. El otro, que la señora Oré se encontraba con ocho meses de gestación.

Catorce años después, por fin, existe una orden de captura contra Chávez Velásquez, pero él continúa su vida normal en Huamanga, ante la falta de decisión de la Policía Judicial.

Si alguien tenía dudas sobre lo qué ocurrió con los millares de desaparecidos entre 1983 y 1993, en enero de este año, se encontró en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho el horno en que fueron incinerados los cuerpos de centenares de detenidos. Al descubrirse los primeros restos humanos, el Poder Judicial dispuso la captura de los responsables de los crímenes cometidos en dicho cuartel, incluyendo al General Clemente Noel, quien ordenó construir el macabro horno. Indignado, Noel concedió varias entrevistas ante la prensa en su residencia de San Isidro, pero sorprendentemente, la Policía Judicial no pudo hallarlo. Falleció a comienzos de marzo sin haberse enfrentado a la justicia. Actualmente, los otros siete oficiales con órdenes de captura por los crímenes de los Cabitos no se han molestado siquiera en pasar a la clandestinidad.

Estos procesos se enmarcan en el contexto del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que enumera una serie de crímenes donde existía seguridad sobre la responsabilidad de los autores y, por lo tanto, eran "judicializables". Naturalmente, este término es un neologismo difícil de comprender para el común de las personas (especialmente las víctimas que hablan un castellano incipiente), y además resulta inadecuado, porque entablar un juicio no es la meta para las víctimas o los organismos de derechos humanos, sino sancionar a los responsables de los crímenes.

Los procesos vienen avanzando, a pesar de los típicos problemas de nuestro ordenamiento judicial: lentitud, formalismo, falta de capacidad profesional, barreras lingüísticas y geográficas. A ello se añaden las dificultades propias de investigar un crimen cometido hace diez o veinte años. Muchos testigos han fallecido, otros no pueden recordar ciertos detalles. Sin embargo, a veces pareciera que el pasado no está tan lejos, porque en los últimos meses casi cincuenta testigos han sufrido amenazas. Luis Alberto Ramírez, testigo de la muerte de varios universitarios en Huancayo, sobrevivió en agosto pasado al tercer intento de homicidio y ahora se encuentra oculto.

Lo más lamentable, sin embargo, es la indiferencia del resto de la sociedad, que reitera así lo ocurrido durante los años de la violencia. Los medios de comunicación suelen reaccionar solamente cuando aparecen implicados Alberto Fujimori o Alan García, lo cual genera que las investigaciones judiciales terminen desacreditadas como si fueran maniobras políticas. Entre tanto, los perpetradores directos como José Luis Chávez, logran pasar desapercibidos por la opinión pública.

Un caso bastante avanzado es el de Chuschi, donde días antes de lo ocurrido en Huancapi, se produjo la desaparición de tres autoridades y un adolescente. En el año 2003, el Juez Mixto de Cangallo abrió proceso contra el militar responsable, el mayor Collins Collantes. Durante la gestión del Ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola, las Fuerzas Armadas se rehusaron a entregarlo a la justicia, con el argumento que Collantes, entonces en servicio en Arequipa, no tenía recursos para asumir su defensa. Posteriormente, la Justicia Militar optó por detenerlo y procesarlo, para pretender sustraerlo de la justicia civil. Collantes se encuentra en el Penal Militar de Chorrillos y se ignora cuando será entregado al fuero civil, como legalmente corresponde. En cuanto a Mario Caldas, Jefe de la Base Militar de Cangallo, adónde fueron conducidos los desaparecidos, continúa viviendo en Jesús María, muy cerca de la Nunciatura, sin preocuparse mucho por la orden de detención en su contra.

Hace catorce años, la detención y desaparición de la señora Honorata Oré, su esposo Julio Arotoma y los demás profesores, conmocionó a Huancapi. El próximo 19 de abril, la Municipalidad de Víctor Fajardo les rendirá un reconocimiento póstumo. Si en el resto del país hubiera mayor interés por estos casos, la Policía Judicial se sentiría más presionada para ejecutar la orden de captura de José Luis Chávez, Mario Caldas o los oficiales responsables de Los Cabitos. Lamentablemente, la vacilación de algunos se sostiene en la indiferencia de muchos.