Ricard González: España: Una mezquita en Badalona

El barrio del Congrés, en Badalona, es un típico producto del desarrollismo de los años 60. En sus bloques, de habitáculos pequeños y techos bajos, aún figura la placa del Instituto Nacional de la Vivienda que los construyó, con el correspondiente símbolo franquista del yugo y las flechas. El Congrés es uno más de los suburbios de las grandes ciudades catalanas edificados para albergar a los centenares de miles de inmigrantes que llegaban procedentes de diversas regiones españolas, y por su estructura y equipamientos es un ejemplo de lo que se conoce como "barrio dormitorio".

La tranquila cotidianeidad del barrio se ha visto súbitamente perturbada por el anuncio por parte del ayuntamiento de la habilitación de una nave industrial de las cercanías en mezquita. La noticia ha supuesto todo un revulsivo para la asociación de vecinos, que ha iniciado una movilización contra la mezquita de una dimensión jamás antes vista. El presidente de la asociación, Antonio del Río, ha sido forzado a dimitir por estar en desacuerdo con el lanzamiento de la movilización, que ha servido para recoger ya unas 4000 firmas, según los propios vecinos. En los próximos días se celebrará una asamblea para escoger el nuevo presidente.

Una gran pancarta con el lema "No a la mezquita" preside la entrada del local de la asociación. Allí conozco a Juan Antonio Reyes, el encargado de la nave en teoría destinada a albergar la nueva mezquita. Al ser cuestionado sobre el conflicto, responde tajante: "No hace falta que escribas ese artículo, la mezquita no se va a hacer". Y enseguida me muestra las llaves de la nave de la discordia. Juan Antonio, un militar en la reserva, "alferez de la guardia del Rey", como suele puntualizar orgulloso, repite los mismos argumentos esgrimidos por los vecinos en la prensa estos días: la falta de equipamientos del barrio, su degradación, la desatención por parte del ayuntamiento, etc. Unos carteles enganchados en las calles adyacentes a la asociación reproducen la información recogida en la prensa local respecto a un supuesto acuerdo entre el ayuntamiento y la comunidad musulmana para financiar el coste de la reforma de la nave, calculado en 72.000 euros. El sentimiento de agravio está ampliamente extendido en un barrio abrumadoramente socialista, partido que ostenta la alcaldía con cómodas mayorías desde 1983.

Sin embargo, y a pesar del rechazo contundente de los vecinos a ser considerados "racistas", no es difícil detectar reflejos islamofóbicos en sus razonamientos. Don Juan Antonio teme "una invasión de moros" y que los españoles queden en minoría en el Congrés. Dado que la mezquita será la más grande de la comarca, creen que vendrán a rezar musulmanes de los diversos barrios de la ciudad e incluso de ciudades colindantes como Sant Adriá de Besós y Santa Coloma. Existe, además, entre muchos vecinos la consideración de que la comunidad marroquí es problemática, que no se integra y es sinónimo de delincuencia, a diferencia de otras como la china. Conversando con los representantes vecinales, enseguida salen a relucir tópicos, como el de una supuesta prohibición de construir iglesias en Marruecos, confundiendo la realidad de este país con la de otro situado a miles de kilómetros de éste, Arabia Saudí.

El sentimiento de agravio, no obstante, no es exclusivo de los representantes vecinales. Taufik Cheddadi, el imán de la comunidad musulmana a la que estaba destinada la nueva mezquita, se lamenta de "las malas jugadas" del ayuntamiento. El 23 de febrero, a las seis de la mañana, la policía, "con un despliegue impresionante, como si fuéramos terroristas", precintó el oratorio en el que venía rezando la comunidad desde hacía cuatro años. Su argumentación fue que el oratorio, situado en los bajos de un edificio del barrio de La Pau, no cumplía los requisitos de seguridad que establecen las normativas municipales. Sin embargo, Taufik piensa que hay otros motivos, pues no se ha actuado de la misma forma con las diversas iglesias evangélicas del barrio, que también ocupan los bajos de algunos edificios. Parece que el cierre más bien se debe a la presión de la asociación de vecinos del barrio que, por su parte, justifica su postura en las molestias que causaba la reunión los viernes por la mañana de más de 800 fieles en un pequeño local (360 m2) de una estrecha calle.

La comunidad musulmana considera que el ayuntamiento los trata como ciudadanos de segunda clase, pues ni siquiera ha sido capaz de mantener las promesas que les había realizado una vez cerrado el oratorio. Con la ubicación de la nueva mezquita fuera del casco urbano parecía que el gobierno municipal había dado con una solución al problema. En medio de un polígono industrial no habría asociaciones con molestas movilizaciones. No obstante, para los vecinos del Congrés, un centenar de metros de distancia no es suficiente. A Taufik no le entusiasmaba la ubicación. "Parece que seamos leprosos, que nos tengan que alejar de la gente", dice con amargura, "pero al menos era una solución". En la última reunión con el ayuntamiento, éste se echó atrás en la propuesta de la nave por un supuesto desacuerdo con el propietario de ésta. Si se confirma este movimiento, la movilización vecinal habrá cosechado una nueva victoria.

Según el imán, "el problema es que nosotros no podemos votar. Si no, el ayuntamiento se preocuparía más por nosotros". Su argumentación a favor de los derechos civiles no es nueva, recuerda otros tiempos, otras latitudes, otras luchas: "a la hora de cobrar impuestos, sí somos ciudadanos, pero cuando se trata de derechos, nada de nada. Nosotros sólo pedimos ser unos ciudadanos normales, como los demás". En sus reivindicaciones, Taufik esgrime la Constitución, que recoge el derecho a la libertad de culto, y el Acuerdo de Cooperación de 1992 entre la Comisión Islámica y el Estado, que llega a establecer la obligación a los ayuntamientos de ceder terreno para la construcción de cementerios musulmanes. De momento, y de forma provisional, la comunidad musulmana reza los viernes en un pabellón municipal cedido por el ayuntamiento. Una situación de precariedad que la comunidad teme que se eternice.

Eduard Tortajada, primer teniente alcalde de Badalona y representante del consistorio en las negociaciones con la comunidad musulmana, considera que el rechazo de los vecinos hacia las mezquitas se debe al miedo a lo desconocido. Por esta razón, la solución al conflicto pasaría por promover un cambio cultural a partir de la formación desde la escuela en valores como la tolerancia y el multiculturalismo. Esta argumentación encaja perfectamente con la voluntad que subyace en la propuesta del presidente Zapatero sobre una alianza de civilizaciones pero, ¿en qué se traducen todas estas declaraciones a nivel práctico? ¿Se está trabajando suficientemente en las escuelas para adaptar los currículos y los libros de texto a esta nuestra nueva realidad? Aún cuando así fuera, ¿podemos esperar cuarenta años a que los niños de hoy asuman las riendas del país? ¿Qué pasará cuando de aquí a una década los llamados "inmigrantes de segunda generación" entren en la adolescencia, época hormonalmente rebelde, en una sociedad que los rechaza por su origen?

Mientras tanto, diversas organizaciones de extrema derecha ya se han puesto en contacto con la asociación de vecinos para apoyarles en sus movilizaciones, un ofrecimiento que éstas han rechazado. Juan Antonio me advierte que si el ayuntamiento se saliera con la suya, y se abriera la mezquita cerca del Congrés, "habría leñazos con los musulmanes". Los serpiente está incubando sus huevos. Sin embargo, el imán de Badalona es optimista. Cree que el substrato cultural árabe de las culturas peninsulares facilitará una reformulación de nuestra identidad que permita la inclusión de la comunidad musulmana. Ya se hizo en Cataluña con los inmigrantes andaluces, sostiene, "y la muestra es la feria de abril que está a punto de inaugurarse en Barcelona". Ojalá (palabra derivada del árabe) que Taufik no se equivoque.