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| 7 de abril del 2005 |
René Báez (*)
Acción y reacción
Un paquetazo de Año Nuevo (1997), con la elevación de los impuestos a los combustibles y a los denominados consumos especiales (vehículos, perfumes, licores, cigarrillos), la supresión de subsidios (gas, teléfonos y electricidad), el congelamiento-reducción del salario mínimo y la elevación de las tarifas de transporte, colmó la paciencia de los ecuatorianos frente a la cleptocracia bucaramista. Estos ajustes antipopulares y el anuncio del Plan Cavallo-Bucaram hicieron que la sociedad comprendiera finalmente que el "gobierno de los pobres" constituía en realidad una insensible y crapulesca dictadura de los ricos. El malestar, hasta entonces represado por los estrafalarios shows y la demagogia social, afloró incontenible desde los primeros días de enero de ese año. A las intifadas estudiantiles de la FEUE y la FESE que empezaron el 8, siguieron acciones contestatarias de la Coordinadora de Movimientos Sociales, la CONAIE, el FUT, el Foro de la Ciudadanía, los partidos de izquierda, las organizaciones feministas, los empleados públicos, los jubilados, los desocupados. El resentimiento contra el bucaramato crecía en superficie y profundidad. Las manifestaciones se volvieron diarias y algunas de ellas culminaron en encendidos discursos de los líderes opositores pronunciados en los propios balcones presidenciales. El día 13, el recién organizado Frente Patriótico de Defensa del Pueblo (CMS, CONAIE, FUT, Frente Popular), convocó a una huelga nacional "por la dignidad, la honestidad y contra el neoliberalismo", a cumplirse el 5 de febrero de 1997. La plataforma inicial del Frente Patriótico comprendió: "La derogatoria de las medidas económicas y de la propuesta de convertibilidad, la defensa de la soberanía del territorio, la no privatización del Seguro Social, del petróleo y las comunicaciones..., llamar a una asamblea constituyente, fijar fecha para el juicio al ministro Alfredo Adum y al procurador Leonidas Plaza y, finalmente, establecer fechas para la discusión de proyectos de ley de beneficio social (leyes de aguas, de seguro social campesino, de creación de un fondo de crédito preferencial para pequeños productores campesinos, de iniciativa popular y la ratificación del convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas)". (Últimas Noticias, 23 de enero de 1997). A la convocatoria del Frente adhirieron el Foro de la Ciudadanía, los partidos políticos desde el MPD hasta el oportunista PSC, los gobiernos seccionales, los gremios profesionales. A la ola de descontento se sumaron las cámaras empresariales de Pichincha que, coincidentes con los trazos generales del plan Cavallo-Bucaram, impugnaban la inmoralidad y la incapacidad administrativa del régimen del PRE. "Nos unimos al paro -dijeron los patronos- para pedir rectificaciones al autoritarismo, arbitrariedad, irrespeto, inmoralidad, corrupción, vejámenes, despotismo, extorsión y chantaje, patanería, desgobierno e irresponsabilidad imperantes". (El Comercio, 24 de enero de 1997). Posición similar a la que asumieron los empresarios guayaquileños, encabezados por el alcalde Febres Cordero, y otras figuras de la "clase política", que abandonaron finalmente las catacumbas de su prolongado silencio. Así las cosas, un pedido de "perdón mutuo" formulado por Bucaram a los vecinos peruanos, pedido no reciprocado por el anfitrión Fujimori, atizó aún más el resentimiento de la ciudadanía. La huelga, rebautizada hacia fines de enero como paro cívico nacional, concitó nuevas simpatías. De su lado, la denuncia del embajador Leslie Alexander, alusiva a una "penetrante corrupción" del régimen, denuncia sustentada en cifras y porcentajes, le resultó funesta a Carondelet, ya que demostró que, a esa altura del proceso, el bucaramato se había tornado indigerible para el propio imperio. La política como fiesta En los días previos al paro cívico, las organizaciones populares y sociales pusieron a prueba viejas y nuevas formas de protesta: desfiles de encapuchados, conciertos de cacerolas, quema de muñecos, plebiscitos no oficiales al estilo zapatista, ocupación de templos, misas-protesta, colectas para comprar la renuncia del mandatario, entierros simulados. En vísperas del día D, la temperatura política se puso al rojo vivo y la renuncia de Abdalá se había convertido en un clamor virtualmente unánime. El 5 de febrero comenzó el 3, cuando transhumantes indígenas, ataviados con sus vestimentas típicas y animados por tambores y bocinas, descendieron por bosques y laderas de la serranía para abrir zanjas, levantar barricadas y dejar incomunicado al país. El propio y memorable 5, el Ecuador vivió una gran fiesta cívica y política. Torrentes humanos se lanzaron a las calles, plazas y avenidas blandiendo gritos y pancartas. Se estima que no menos de dos millones de manifestantes paralizaron el país bajo los signos de un gigantesco sí y un gigantesco no. En Quito, epicentro de la rebeldía, la jornada comenzó temprano, con el avance de alegres y bulliciosos mosaicos humanos donde se confundían tirios y troyanos, burgueses y proletarios, ateos y creyentes, vecinos, damas encopetadas, tenderos, artesanos, galladas juveniles, peladas, niños y niñas con trajes domingueros... La movilización por la dignidad y el pan resultó también una fiesta de la imaginación. "En la capital los artistas salieron a las calles a sumarse a la protesta popular con sus propias armas. Músicos, teatreros, titiriteros, zanqueros, pintores se dieron cita en el estacionamiento de la Casa de la Cultura para unirse a la manifestación. Caras y cuerpos pintados. Ropa negra. Bigotes hitlerianos y coplas. La tónica fue la creatividad y la algarabía. 'Gracias Abdalá por hacernos fluir de esta forma', dijo uno de los artistas. Y fluyeron: la calle se llenó de colorido, música y parodia. La gente aplaudió". (El Comercio, 7 de febrero de 1997) Una adaptación de La Macarena, ampliamente difundida por emisoras y videos, coreaba la nueva juventud rebelde.
Piensa el loco que el país es como el fútbol,
El equipo de los pobres se levanta, La Gloriosa II, la protesta más grande después de La Gloriosa I que derrocó al autócrata Alberto Arroyo del Río, en 1944, revocó el mandato al abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Al día siguiente, el Congreso lo cesó en sus funciones "por incapacidad mental'. La política, la moral y la estética desbordaron a la fría juridicidad. A nadie en la unificada oposición se le ocurrió requerir un dictamen psiquiátrico. De suerte que, en lo más formalístico, Abdalá resultó víctima de su propio invento. Fabián Alarcón -presidente del Congreso y socio político de Bucaram hasta la víspera- fue elegido mandatario interino de la República gracias a su buena estrella centroderechista. La moción que descalificó a Bucaram contenía un preciso mandato antineoliberal, democrático y nacionalista. "Derogatoria de las medidas económicas, archivo del proyecto de convertibilidad, redefinición del manejo de la deuda externa, universalización del sistema de seguridad social, redefinición del proceso de privatizaciones, eliminación del ministerio Étnico Cultural, restitución de los trabajadores públicos ilegalmente cancelados, enjuiciamiento a Bucaram y sus adláteres, convocatoria a una Asamblea Constituyente, reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, paz digna y definitiva con el Perú, entre otras". (El Comercio, 14 de febrero de 1997) El paro cívico del 5 de febrero, la defenestración de Bucaram el día siguiente y la aprobación congresil del "mandato popular" simbolizan La Gloriosa II, también bautizada como Movimiento Febrerista. El 6, Abdalá puso pies en polvorosa resguardado por un oscuro oficial de nombre Lucio Gutiérrez, llevándose como último botín miles de millones de sucres de los gastos reservados. De esta suerte, la última noche del carnaval del 97 servía de epitafio a la tragicómica mascarada protagonizada por Bucaram y sus gamberros. La gente en las calles vibró con la alegría de la dignidad recuperada. (*) Profesor de la Facultad de Economía de la PUCE. Miembro de la International Writers Association. |
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