Ángel Berlanga: México: La batalla por la historia

La enseñanza de la historia fue, durante el largo periodo posrevolucionario, un tema muy conflictivo. En los años treinta el estado cardenista reformó la constitución para establecer la educación socialista. El régimen tomaba partido por una ideología social que una buena parte de la población rechazaba. Aunque una reforma posterior al artículo tercero eliminó ese precepto, la historia seguiría siendo el campo donde se enfrentaban las diferentes interpretaciones sobre el origen y sentido de la nación. Como ha documentado Josefina Vázquez, desde el siglo XIX algunos historiadores propusieron que la raíz de México estaba en el pasado colonial y español, mientras que otros pensaban que el alma de la patria era indígena. Sus relatos eran antagónicos y excluyentes.

El conflicto entre las diferentes interpretaciones de la historia patria continuó hasta 1959, cuando el gobierno mexicano decidió crear un libro de texto gratuito y obligatorio, uniformando así la historia patria. De acuerdo con Soledad Loaeza, la versión de la historia nacional que se estableció entonces como interpretación rectora de los libros de texto, "manifestaba un esfuerzo de equilibrio: recuperaba el Panteón de héroes nacionales creado por Justo Sierra a finales del siglo XIX, así como la visión lineal y acumulativa de la historia que en 1940 fuera fundamento de la reconciliación nacionalista". Los libros reconocerían el doble origen de la nacionalidad mexicana y el carácter mestizo de la cultura dominante, "pretendiendo con ello recuperar los aspectos positivos de las dos tradiciones culturales: la indígena y la española". Sin embargo, esto no terminó con el conflicto. La Iglesia, a través de las escuelas particulares, y el partido Acción Nacional (PAN) lanzaron una amplia ofensiva contra la política de educación del gobierno. Los críticos atacaban la obligatoriedad de los libros, el intento de uniformar la educación e imponer un patrón cultural que no tomaba en cuenta "las diferencias individuales". La revolución cubana polarizó ideológicamente al país y tuvo efectos en la polémica. Los libros de texto fueron denunciados como "socializantes" y "totalitarios". Según el PAN, estos eran un ejemplo de la naturaleza autoritaria y antidemocrática del sistema político. La obligatoriedad de los manuales constituía una violación a la libertad de enseñanza y a la libertad de los maestros. El Estado ejercía el monopolio ideológico de una minoría "indiferente a las tradiciones y a los valores, en particular religiosos, 'de la conciencia mexicana'".

La historia es necesaria para ofrecer un contexto a la reciente polémica suscitada por el libro de texto de secundaria Historia de México, un enfoque analítico de Claudia Sierra. La prensa divulgó que ese manual contenía la versión aceptada de que el ejército masacró a los estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La autora también criticaba las reformas de mercado de los tres últimos presidentes "neoliberales" del PRI. La primera reacción del secretario de Educación Reyes Tamez fue anunciar que ese libro no se distribuiría a las escuelas. Sin embargo, el texto había sido aprobado por la propia SEP y era utilizado desde 1998, (cuando gobernaba Ernesto Zedillo). ¿Por qué una no noticia -los lugares comunes predicados por el libro en cuestión-se convirtió en un escándalo político? Lo realmente notable es que el PAN, que había sido un crítico acerbo de los libros de texto, una vez en el poder decidiera no solamente conservarlos, sino incluso proteger el prestigio histórico de los gobiernos del PRI. La razón que explica esta paradoja se encuentra en el papel que desempeña la historia oficial. Los libros de texto han buscado la concordia entre relatos antagónicos. Son una forma de reconciliar el pasado nacional. La SEP, en manos del PAN, ahora busca exactamente lo mismo. El fantasma es regresar a la historia como un instrumento ideológico de facción, cosa que sólo divide al país, (como lo demostró el intento de establecer la educación socialista). El secretario Reyes Tamez temía que se le acusara de promover una historia facciosa. El PAN aparentemente ha abandonado su histórico propósito de acabar con los libros de texto obligatorios. La transición a la democracia no parece haber puesto en tela de juicio los supuestos del llamado Estado "educador" del periodo posrevolucionario. ¿Se trata de mera inercia o hay buenas razones para conservar un relato unificado de la nación, a pesar de las objeciones doctrinarias? ¿Debe la SEP censurar ("aprobar") los manuales? La respuesta a estas interrogantes está lejos de ser clara. De lo que no hay duda es de que debemos someter a debate el papel que desempeña el gobierno en la enseñanza de la historia patria.

(*) Profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas