Ariel Ruiz Mondragón: Bibliálogos: Guatemala: Entrevista con Maite Rico y Bertrand de la Grange: El asesinato del obispo Gerardi

La noche del 26 de abril de 1998 el obispo guatemalteco Juan Gerardi fue asesinado con sevicia en la iglesia de San Sebastián, que estaba a su cargo. Tan deplorable hecho ocurría a penas dos días después de que se habían presentado los resultados del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), en lo que se daba cuenta de los múltiples crímenes y violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la prolongada guerra interna que vivió Guatemala el siglo pasado. En dicho documento se cargaban las tintas sobre el Ejército de ese país, por lo que, en un primer momento y de manera casi natural, las sospechas recayeron sobre los elementos castrenses. El crimen significaba un atentado contra los acuerdos de paz a los que habían llegado el presidente Álvaro Arzú y la guerrilla.

Las investigaciones de tan relevante caso se hicieron bajo una gran expectación de la opinión pública y en condiciones de presión política extraordinarias. El caso casi terminó el 8 de junio de 2001, cuando son condenados como coautores del homicidio tres militares -dos de ellos pertenecientes al Estado Mayor Presidencial en la época de Arzú- y un sacerdote. Parecía un avance en el combate contra la impunidad.

Sin embargo, las investigaciones y el proceso seguido contra los acusados han sido una gran mascarada para tapar a los verdaderos asesinos materiales e intelectuales de Monseñor Gerardi. La manipulación, las trampas, la fabricación de testigos y testimonios falsos, las presiones, el encubrimiento de sospechosos, la eliminación de pruebas criminalísticas científicas, las cortinas de humo, las infinitas contradicciones han sido las constantes de esta truculenta historia, la que también nos enseña la siniestra y extraña alianza establecida de hecho entre sectores de la Iglesia católica, bandas criminales, grupos del viejo ejército e incluso a la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), autora del Remhi. Éstos grupos ya han cobrado los beneficios del crimen y del oportunismo.

Esa historia de intrigas y equívocos es el tema del más reciente libro de Maite Rico y Bertrand de la Grange, ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político (México, Planeta, 2003), en el que desmienten la versión oficial y anexas, productos en los que coinciden la fría criminalidad política y la "corrección política". Para los autores, el crimen no fue una "ejecución extrajudicial", como han querido las autoridades guatemaltecas, sino una vasta conspiración política que buscaba desestabilizar al gobierno guatemalteco: un crimen contra el estado. Es sobre ello que sostuvimos una entrevista con los autores en la que abarcamos varios de los temas planteados en el libro.

Rico es licenciada en Historia y corresponsal del periódico español El País, mientras De la Grange es maestro en Ciencias Políticas y corresponsal del diario francés Le Monde. Tienen un famoso libro escrito también al alimón: Marcos, la genial impostura.

Ariel Ruiz (AR): Después de su exhaustivo trabajo acerca del subcomandante Marcos, editado hace ya algunos años, ¿por qué se interesaron en el tema del asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi?

Maite Rico (MR): Nos tocó cubrir la información del asesinato en el año de 1998, cuando estábamos todavía en México como corresponsales. Al año siguiente fuimos a Guatemala, donde Bertrand entró a trabajar como vocero y jefe de información de la misión de Naciones Unidas durante un año.

Entonces el caso lo seguimos un poco más allá, ya que nos pareció emblemático por el hecho de que un obispo fuera la víctima, por la manera y por la época en que fue asesinado -en 1998, dos años después de que se firmara la paz en Guatemala, cuando se suponía que todo el horror de la guerra había terminado-. Entonces la investigación seguía su curso, habían detenido a tres militares y al secretario que vivía con Gerardi, su ayudante. Era, digamos, una mezcla totalmente extraña, muy llamativa y muy representativa de lo que era Guatemala, de lo que ha sido el conflicto guatemalteco.

Nos interesamos en el caso y empezamos a ir al juicio a los procesados, que duró tres meses. Ahí empezamos a ver un desfile de personajes rarísimos, testigos muy extraños, unas contradicciones que la sentencia no recoge, y luego una condena enorme -treinta años- para las personas a las que se acusa de haber encubierto o participado, no como autores materiales ni intelectuales del crimen.

Entonces hubo una serie de irregularidades que nos llevaron a indagar un poquito más qué es lo que había detrás. Nos vimos inmersos en un laberinto que duró tres años, y del que acabamos de salir bastante agotados.

AR: Al principio del libro ustedes dicen que tuvieron que enfrentar obstáculos y riesgos para hacer la investigación. ¿Cuáles fueron los principales?

Bertrand de la Grange (BG): Primero los obstáculos. En este tipo de investigación periodística es obvio que hay mucha gente que tiene interés en que no se sepa la verdad. De la misma manera que en el caso del EZLN, había sectores que no querían que se supiera la verdad; pero confrontado con la investigación que hicimos sobre Chiapas, lo de Guatemala es algo mucho más serio, Chiapas fue un juego de niños comparado con lo que hemos vivido en Guatemala, porque los intereses que tocamos son realmente muy poderosos, instituciones muy importantes: el Ejército, la Iglesia y también el crimen organizado.

Lo que pasó en el caso del obispo Gerardi es un conjunto de acciones de esos sectores que participaron en el crimen como tal o en el encubrimiento para después desviar la investigación por unos derroteros que les convenía a ellos y lograr un aprovechamiento político del asunto, y que hizo que los dos personajes más importantes de la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado -que habían sido dos colaboradores estrechísimos del obispo Gerardi-, Ronalth Ochaeta y Edgar Gutiérrez, con el cambio de gobierno, de repente aparecen con cargos importantes en el gobierno de Alfonso Portillo, un gobierno del FRG (Frente Republicano Guatemalteco), partido del general Ríos Montt.

Eso ya es muy sospechoso de por sí. Esa gente no quería que supiéramos lo que había detrás del crimen y sobre todo la manipulación que hubo a su alrededor.

Había un elemento más preocupante: el sector de la Iglesia involucrado en el crimen, el encabezado por monseñor Efraín Hernández, cuya hija, Ana Lucía Hernández, es una pieza importante en el crimen organizado. Este sector participó en el crimen del obispo y también en el encubrimiento, y por sus vínculos con el crimen organizado es un sector poderosos que quería protegerse y que no se supiera de su participación en el crimen.

Todos esos obstáculos estaban en el camino, y tuvimos que buscar fuentes para entrar a fondo en la investigación. No era la intención nuestra, porque creíamos que todo iba a ser bastante sencillo porque sí existía una investigación; pero nos dimos cuenta de que estaba manipulada, pero no desde el inicio, porque al parecer el primer fiscal sí iba por un rumbo que hoy nos parece bastante adecuado, sólo que no pudo ir hasta el final de la investigación porque le hicieron la vida imposible y tuvo que renunciar.

AR: Es un caso extraordinario en el que se unieron la vieja guardia del ejército, las mafias criminales...

BG: Y la organización de derechos humanos de la Iglesia, además creada por el propio obispo Gerardi.

MR: Exacto. El obispo ha de estar revolviéndose en su tumba al ver lo que ha sido de la ODHA y en lo que la han convertido. En este caso el problema es que hay que ponerse muy en guardia con organizaciones de este tipo, que en realidad usan los derechos humanos como bandera política, como instrumento político para otros fines, y en este caso es evidente dónde estaban los directivos de esta oficina, antes con Gerardi, y donde están ahora: en un gobierno de un partido fundado por el general Ríos Montt, al que ellos acusan de genocidio, pese a lo cual no han tenido ningún inconveniente en colaborar con esa administración.

Durante el proceso de investigación y el juicio la ODHA ha jugado un papel determinante tanto para desviar la investigación, para encubrir y proteger en una primera instancia al sacerdote Orantes y después utilizarlo como vehículo de falsos testigos y para intoxicar a la prensa, lo que es impresionante.

BG: La prensa compró la historia oficial, aceptó todo esto.

AR: Me parece muy interesante ese tema: la responsabilidad de los medios de comunicación en esta historia. También está la de organismos internacionales que apoyaron tan dudoso proceso. En este caso, a su juicio, ¿qué responsabilidad jugaron los medios de comunicación y los organismos internacionales, empezando por la propia ONU?

MR: Lo que está pasando en Guatemala es que se está pagando el precio de conflicto armado, que duró 36 años y fue muy virulento. Entonces las heridas están abiertas y las rencillas ideológicas siguen siendo la motivación de disputas. Tanto el resentimiento histórico y la venganza política están presentes, todavía hay muchas cuentas sin saldar y las heridas supuran.

Todo esto permea a la prensa, a las organizaciones de derechos humanos, al ejército, todo. Va a tener que pasar mucho tiempo para que haya una verdadera reconciliación, para que el tiempo haga su papel y cure las heridas.

En este caso la prensa todavía asume su papel como si estuviera en las trincheras; durante la guerra eran los voceros el ejército, de los gobiernos en turno. Ahora ya no, sino que todo lo que dicen las ONG de derechos humanos lo toma como si fuera el Evangelio y no la cuestionan, aún más si se trata de una organización como es la del arzobispado, que estaba auspiciada por la Iglesia. En un país en el que la Iglesia tiene mucho poder -mucho más que en México-, porque tiene un papel político importante, y en un caso como este, en el que una organización de derechos humanos cuyo director es un obispo que ha sido asesinado, pues lógicamente la prensa va a prestar toda credibilidad a este sector.

El problema es que los periodistas no tuvieron la suficiente distancia crítica, aunque hubo excepciones: ha habido periódicos que sí siguieron la investigación, sacaron las contradicciones que iban viéndose, pero rápidamente fueron acallados. En general la mayor parte de los reporteros compró y publicó sin cuestionar la versión de la fiscalía, la versión oficial del crimen.

BG: La última versión de la fiscalía, porque no hay que olvidar lo que dije antes: el primer fiscal tuvo logros, pero cuando se acercó demasiado a lo que podía ser la verdad, lograron sacarlo.

MR: Es un poco la información de las trincheras. La versión fue auspiciada por la oficina de derechos humanos, que ha estado mintiendo. Tenemos toda la hemeroteca sistematizada. Nadie los ha cuestionado, porque en el momento que alguien lo hacía lo consideraban su enemigo y cerraban las puertas. Hay una presión para los reporteros muy fuerte. En los juicios, si entrevistabas a los principales acusados, te miraban mal, consideraban que no estabas con ellos. Ha sido una situación muy conflictiva y ha repercutido en una cobertura totalmente sesgada que ha engañado a la opinión pública.

Ahora las cosas están cambiando y sí hay más distanciamiento por parte de los propios periodistas.

BG: La comunidad internacional se involucró mucho en el caso, en un caso paradigmático -como se dice allá-: el asesinato de un obispo defensor de los derechos humanos dos días después de presentar un informe en el cual el Ejército aparecía como el principal responsable de la violencia y de una gran cantidad de muertos y desaparecidos, torturas, etc. Esto provocó el interés internacional.

Las Naciones Unidas, a través de su misión en Guatemala, encargada precisamente de verificar la aplicación de los acuerdos de paz, se involucraron mucho y participó en todo, porque está previsto en los acuerdos que la verificación sea también, aunque la prioridad son los derechos humanos, sobre el proceso judicial. La misión estuvo al lado de los fiscales y jueces que investigaban, y al lado también de los jueces de sentencia.

Entonces los encargados de la ONU vieron todo el proceso de muy cerca, participaron realmente en la investigación. Ellos también se fueron por el lado oficial, aunque al inicio cuestionaron y hubo varias líneas abiertas. Pero muy rápidamente la tendencia fue ir a lo más fácil, a lo que llamamos "políticamente correcto".

La misión de Naciones Unidas Minogua avaló totalmente la investigación, el juicio y la sentencia. Cuando la Sala de Apelación anuló el fallo en octubre del año pasado, Minogua publicó un comunicado y un informe criticando esa anulación. Eso va muy lejos.

Lo mismo ocurrió con los embajadores de Estados Unidos y Suecia, así como los de otros países.

MR: Estados Unidos ha sostenido una posición de injerencia continua. Se presentaban los embajadores a los juicios en la segunda fila con todo su séquito, y hacían declaraciones ya condenando de antemano a los acusados cuando el proceso todavía no estaba terminado.

Eso nosotros lo achacamos a un cambio de política de Washington, que tuvo un papel muy relevante durante la guerra -en los años cincuenta y sesenta, según los informes que se están desclasificando de la CIA, Estados Unidos decidía o sugería qué opositores tenían que ser eliminados-, ahora escoge qué personas juzgadas tienen que ser condenadas. Digamos que ahora mismo están alineándose con las organizaciones de derechos humanos, pero no de una manera sana, sino para limpiar su propia imagen del pasado, y están ratificando procesos viciados como este sin cuestionarlos o sin por lo menos cotejar la información, que cuando menos debería ser su obligación.

AR: La conclusión a la que llegaron las autoridades fue que el asesinato del obispo Gerardi fue una ejecución extrajudicial, en la que sólo hallaron a los coautores. Ustedes dicen que más bien fue un crimen contra el Estado, resultado de una vasta conspiración, y que lo que se buscaba era desestabilizar al país, golpear al gobierno de Arzú y a la Iglesia. Si fue así, fue una operación que podríamos decir fue muy exitosa.

BG: Sí, muy exitosa. Yo creo que en Guatemala hay varios especialistas en conspiraciones porque se ha dado mucho de esto en el pasado, debido a una guerra que fue larga y a que hay mucha gente que ha trabajado en los sótanos. Sólo hay que leer el libro de Miguel Ángel Asturias El señor presidente, en el que ya se ven las prácticas conspirativas y esas manipulaciones a posteriori. La historia de cómo matan al coronel Parral -al que matan a una cuadra de donde matan a Gerardi-, el mismo contexto -al frente de la catedral, en este caso-, el indigente que lo mata porque se volvió loco, y a partir de esto el dictador en turno -entonces Estrada Cabrera- monta una manipulación para acabar con sus enemigos políticos, son grandes similitudes con el caso Gerardi. Pero aquello es novela.

MR: Las conclusiones a las que llegamos son que efectivamente el asesinato del obispo Gerardi se produce con un objetivo doble: golpear al gobierno, desestabilizar, el ajuste de cuentas por parte de un sector del ejército -ya retirado y depurado- con la cúpula militar que estaba en ese momento, y que están librando sus propias batallas dentro del Ejército, y llevarse de paso a Gerardi, por el que no sentían ninguna simpatía, y, de alguna manera, atacar a la Iglesia.

Lo curioso es que la víctima política de este asunto es el gobierno del presidente Álvaro Arzú, que había firmado la paz, y cuya cúpula militar no tenía un pasado digamos turbulento. Finalmente acaban siendo él y su gente los acusados del asesinato, que a la vez son las víctimas políticas.

AR: En la ejecución del crimen me interesa el papel que juega el sacerdote que vivía con Gerardi, Mario Orantes. Seguramente vio, y tal vez hasta participó en, el crimen.

MR: Él estuvo allí. Se ha comprobado científicamente que el cadáver del obispo tenía mordeduras del perro pastor alemán de Orantes. Éste es un sacerdote bastante extraño, al que se le encontró una pistola con balas expansivas en su mesilla de noche. Tiene, además, un hermano, también sacerdote, que está implicado en un desfalco y tráfico de armas.

A Orantes no se le han podido encontrar vínculos con el Ejército o con el servicio de inteligencia militar. Sí, en cambio, tenía vínculos con Ana Lucía Escobar, con una banda delictiva que perpetra el crimen.

El hecho de que halla mordeduras en el cuerpo de Gerardi desmiente la versión que Orantes sostiene, de que no se enteró de nada, pese a que estaban asesinado a Gerardi a veinte metros de su habitación. Sin embargo, ha permanecido en un silencio absoluto, no ha habido manera de hacerle hablar. Pero cuenta con la protección de la Iglesia, y ha estado tres años encerrado en un hospital privado porque tenía dolores de cabeza. Obviamente, con semejante protección no ha tenido necesidad de hablar.

BG: Además ha estado en esas condiciones por un acuerdo negociado entre la Iglesia y el presidente Portillo. Fue una negociación secreta, pero así fue.

AR: En esa dirección me intriga el por qué el Ejército y el Estado Mayor Presidencial no defendieron a "sus acusados", los dos Byron Lima (padre e hijo) y a Obdulio Villanueva.

BG: Creo que se asustaron mucho porque el Estado Mayor Presidencial era el blanco de varios ataques de los grupos de derechos humanos. Por ejemplo, se le achacaba el asesinado de Myrna Mack. Entonces el EMP no tenía una buena fama, en parte fabricada pero también en parte cierta, porque sí había unas oficinas secretas que hicieron un trabajo de inteligencia que incluso en algunos momentos fue un trabajo operativo. Entonces, digamos, participaron en la represión.

Es muy fácil atacar al EMP porque es menos potente, menos fuerte que el Ejército, y además, al atacarlo, también atacas al presidente en turno. Tenían una cuenta pendiente con Álvaro Arzú. Era perfecto.

Para terminar, el Palacio Presidencial quedaba a menos de dos cuadras de la escena del crimen.

MR: Y cometieron la torpeza de enviar a un oficial y a un fotógrafo cuando ocurre el asesinato, lo que era práctica porque era el perímetro de seguridad de la casa presidencial. Y luego el ministro de la Defensa negó que hubiera mandado gente a la escena del crimen; después tuvo que reconocer que sí, pero explicó que la escena estaba acordonada y que su gente no había traspasado los límites. Pero ligaron como siempre las cosas.

El Ejército guatemalteco, como sucede siempre con los ejércitos, pero más en este caso, es muy poco abierto a la prensa y muy poco hábil. En principio, a los militares detenidos los arrestan cuando hay un cambio de gobierno; es cuando el presidente Portillo lleva una semana detienen a esa gente. En ese momento ha cambiado la cúpula militar, y los militares que están con el nuevo mandatario obviamente no tienen ningún interés en que el caso se resuelva y no prestan ningún apoyo a los militares detenidos.

El Ejército de Guatemala aparentemente es una entidad muy unida pero entre ellos se acuchillan con una facilidad impresionante.

AR: Hay un militar, Edgar Estrada Portillo, que parece ser uno de los pilares de la conspiración, y hoy parte del equipo gobernante. ¿Ustedes creen que los responsables de esta conspiración se encuentren hoy en el gobierno de Guatemala?

BG: Sí, por lo menos Estrada Portillo es el número dos de los servicios de inteligencia de la Presidencia, y es muy cercano al presidente Portillo. Su jefe era Edgar Gutiérrez, canciller y uno de los personajes más cercanos al mandatario.

MR: Es cierto lo de Estrada, con la salvedad de que es uno de los cerebros de la conspiración pero en la parte posterior al crimen.

BG: La participación de Edgar Giovanni Estrada Portillo no es en la conspiración para matar a Gerardi, sino en la manipulación de la investigación. Al parecer, es él -hay mucho elemento que así lo indican- quien redacta el famoso apócrifo que denuncia a los acusados. A él lo usan probablemente porque tiene una vieja cuenta con el coronel Lima.

Así es en las conspiraciones: los cerebros usan a la gente en función de los intereses que saben que pueden tener para participar en el crimen o en la acusación contra un sector.

Sobre los otros que pueden haber sido los autores intelectuales, no decimos quiénes fueron, ya que sólo tenemos una serie de sospechas que explicamos en el libro. De los militares que señalamos, dos de ellos han pertenecido a la "Red Moreno" -banda de contrabandistas que fue golpeada por el presidente Arzú-, Jacobo Salán Sánchez y, en particular, Napoleón Rojas. Son dos militares que fueron mandados a jubilación, a retiro, en el período de Arzú, por su involucramiento en el caso Moreno. Ellos regresan al poder con Portillo: a pesar de ser militares retirados, son los que van a mandar al Estado Mayor Presidencial, lo que está totalmente en contra de las prácticas normales. Un militar retirado ya no tiene acceso al mando.

Esa gente está metida en la cúpula militar del poder con Portillo, hasta hoy.

AR: En su campaña en pos de la presidencia, Alfonso Portillo utilizó electoralmente muy bien el caso Gerardi. ¿Creen que exista alguna relación del presidente Portillo o del Frente Republicano Guatemalteco con la conspiración?

MR: No descartaríamos que la haya. Hay que tener en cuenta que este sector de militares depurados en el tiempo de Arzú pasaron a disponibilidad y finalmente son dados de baja. Nunca se les pudo probar nada en tribunales de las acusaciones que se les hicieron de participar en la red de contrabando porque el proceso judicial se quedó desvirtuado.

Ellos estuvieron allí en retiro con una animadversión profunda, y en esa época estrecharon sus relaciones con el FRG, aunque ya la mantenían previamente porque en la campaña del 95 Portillo fue candidato frente a Arzú, y su campaña estuvo financiada en buena parte por gente de la Red Moreno. Es decir, Portillo ya mantenía con estos militares, especialmente con Napoleón Rojas, una relación muy estrecha.

Que Portillo haya estado involucrado en la conspiración para matar a Gerardi, no lo creo. Lo que sí está claro es que sí contribuyó, por lo menos, a apuntalar todo el montaje judicial. Aprovechó el caso como bandera política, asesorado por Edgar Gutiérrez, que es su Rasputín.

En cuanto Alfonso Portillo llega al poder asegura que en seis meses va a dimitir si no resuelve el caso, y al cabo de una semana ya tiene a cuatro personas en la cárcel.

BG: Pero sí sabemos que el presidente sabe que son inocentes, porque tenemos un testimonio -que no usamos en el libro- de una persona que fue a ver a Portillo varios meses antes de su toma de posesión, y que le presentó todos los resultados de una investigación que va más o menos por donde vamos nosotros, aunque va más por el lado del primer fiscal, Ardón, en el sentido de que era más un crimen común que un crimen político. Pero ellos nunca se atrevieron a pasar a la etapa en la que sí había autores vinculados con el Ejército y con el FRG; se quedaron a un nivel menos atrevido.

Esa persona lo fue a ver y le enseñó todo a Portillo, quien quedó muy convencido por esa conversación. Lo que pasó es que su asesor permanente y directo, Edgar Gutiérrez, estrecha los lazos con él, y lo convence de que esa versión no es la buena, que hay que ir por otro lado. Entonces yo sí creo que Portillo sabe que los acusados no son culpables; pero también ve el capital político que puede sacar de esto, y sacrifica a tres militares, dos de ellos que son del equipo de Arzú.

AR: Dos militares que habían protegido a Arzú y a su esposa de la embestida de un lechero borracho, quien resultó muerto por los guardias presidenciales.

También me interesó el papel que juega la ODHA. Da el REMHI, que es un documento parcial y sesgado, poco serio metodológicamente hablando, intervienen en la investigación, y sus cabezas, Ochaeta y Gutiérrez, obtienen pingües ganancias políticas. Pero, por las cifras que están en el libro, tener una ONG también puede ser un gran negocio.

MR: Es un negocio. No llegamos a citar la donación de un millón de dólares.

BG: No lo pusimos allí. Pero sólo Noruega dio un millón de dólares para el REMHI, el informe de derechos humanos. De allí, Ochaeta y Gutiérrez sacaron su tajada; sacamos lo de la casa de Ochaeta, que es de 820 metros cuadrados, siendo un pequeño funcionario de una ONG, y ya se había construido otra casa antes.

Entonces allí se ve que esos recursos eran muy importantes. Recibieron millonadas para hacer el REMHI y después para financiar toda la investigación que supuestamente hicieron. Todo un negociazo.

MR: Lo que es terrible de estos grupos es lo siguiente: la causa de los derechos humanos es absolutamente legítima y necesaria, pero ha sido prostituida por ellos. No sé la cantidad de ONG's que hay de derechos humanos en Guatemala, algunas de ellas muy pequeñas y realmente nada representativas.

BG: Algunas que son empresariales, hay que agregar.

MR: Exacto. Algunas son fachadas de oportunistas. En el caso de la ODHA es que tienen el auspicio de la Conferencia Episcopal guatemalteca, a pesar de que dentro de ella hay mucho descontento porque algunos pensaban que la ODHA haría un trabajo más social, más de derechos humanos, pero vinculado a cuestiones educativas, legales para gente desfavorecida; pero al contrario, Ochaeta y Gutiérrez la llevaron más por el lado político, porque ya vimos después donde acabaron esos dirigentes.

Eso es terrible porque finalmente lo que ocurre con esas organizaciones es que su financiamiento y su supervivencia son inversamente proporcionales al bienestar de Guatemala: cuanto peor va la situación para el país, mejor para ellas.

Esto es un elemento que distorsiona mucho la vida política. Por ejemplo, en la época de Arzú, el canciller Eduardo Stein -actual candidato a la vicepresidencia de la República, un hombre que viene de la izquierda, fue jesuita- nos contaba su horror cuando vio lo siguiente: diecinueve días antes del crimen, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU saca a Guatemala de la lista negra en la que había estado durante muchísimos años. Nos dijo su estupor cuando vio en Ginebra a los representantes de las ONG's pidiendo por favor que no sacaran a Guatemala de esa lista, cuando era un reconocimiento internacional que favorecía al país en todos los niveles: de inversión, de imagen, etc. Pero esta gente estaba en contra.

Ahí ves como se pierde la naturaleza de este trabajo y los que viven de él para convertirse en operadores políticos, que además ni siquiera pagan el costo de participar en política.

AR: Otro tema que me interesaba del esbozo biográfico del obispo Gerardi, son sus similitudes con su colega de allende la frontera, de Chiapas: Samuel Ruiz. Ambos pugnaban a favor de los pobres y varias de sus gentes -catequistas, por ejemplo- terminaron en las guerrillas.

BG: Hay una gran similitud de situaciones, hay parecido al nivel de los catequistas y en la forma en que la guerrilla logra asociarse con algunos sacerdotes que finalmente permiten que los catequistas sean la base social de la guerrilla. Eso es muy similar.

Pero la gran diferencia es entre los obispos. Samuel Ruiz participa en esto, en función de sus propios intereses; y Gerardi no, ya que siempre está en la duda, está preocupado en lo que ocurre desde el inicio, no como Ruiz, que se empezó preocupar varios años después, cuando ya las comunidades estaban muy peleadas.

Gerardi sí se preocupa muy rápidamente y finalmente decide cerrar la diócesis, y, hasta donde hemos investigado, nunca participó en reuniones con el mando de la guerrilla, no fue parte de ninguna conspiración. Cuando la situación se puso mal, decidió cerrar, pero no fue una decisión únicamente suya, sino que fue un acuerdo entre todos los misioneros españoles, aunque éstos tenían otra visión: cerrar para generar más bronca. Gerardi cerraba para proteger más a la gente y buscar una salida política para evitar que el ejército siguiera matando personas.

MR: Por otra parte, a Samuel Ruiz generalmente se le adscribe a la teología de la liberación, y Gerardi, a pesar de la imagen que se ha querido hacer de él, nunca fue partidario de ella. Nos comentaba su sobrino que una vez le pidió al obispo datos, bibliografía y su opinión sobre la teología de la liberación. Le dijo Gerardi: "La bibliografía te la doy, la opinión no. ¿Por qué? Porque esas son pendejadas que no sirven para nada."

Gerardi es un obispo muy tradicional. Cuando estaba de obispo en el Quiché, en la situación terrible de los años ochenta, los más radicales de sus sacerdotes lo calificaban de "tibio" y de "cobarde", porque él siempre trató de mediar, sin enfrentarse demasiado, con una visión más pastoral y menos política que Samuel Ruiz.

BG: Hay un dato interesante, en el que viene la contradicción entre los dos personajes diferentes. Samuel Ruiz era supuestamente progresista política y socialmente, y conservador en materia de política demográfica. Gerardi es al revés: es más conservador en lo sociopolítico, pero más avanzado y más progresista en términos de población, de control de natalidad. Incluso de manera indirecta sugiere a los sacerdotes aconsejar a la gente para que no tenga tantos hijos.

AR: El asesinato de Gerardi, nos dicen ustedes, fue un crimen contra el Estado. ¿Cuáles han sido sus consecuencias para el cambio político, para el proceso de paz y para las instituciones democráticas en Guatemala?

MR: Creo que ha sido un impacto terrible, porque el asesinato truncó un proceso que estaba marchando bien, con sus dificultades, claro. Después de la firma de la paz había un optimismo general. La sociedad guatemalteca ya está cansada del tema de la guerra, ya quiere salir de todo aquello, quiere pensar en el futuro.

Hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que ocurrió en El Salvador, la guerra la guerra tuvo lugar en áreas muy concretas, como el Altiplano, en la capital un poco antes, con represión selectiva; pero digamos que la mayor parte de la población vivía un poco de espaldas al conflicto.

Ahora ocurre el crimen, trunca el proceso optimista que estaba en marcha, desestabiliza al gobierno en ese momento y alienta el retorno de una serie de personajes que, por un lado, no han sido capaces de hacer gobierno y han demostrado ser más corruptos de lo que se acostumbraba en Guatemala, y por otro han vuelto al escenario político grupos que ya estaban arrinconados por el proceso de paz, como la Iglesia o el Ejército, y la llegada al gobierno del FRG.

AR: Ustedes relatan en el libro que cuando llegaron a presenciar el juicio, estaban también con la versión oficial, que además era la "políticamente correcta". Su libro la desmiente, al igual que desmitificaron al subcomandante Marcos. ¿Cuáles han sido las consecuencias de hacer estos libro tan "políticamente incorrectos" y quedar mal con tanta gente "progre"?

BG: Para mí es un honor estar mal con los sectores "políticamente correctos". Si uno lo analiza con tranquilidad se ve que hemos vivido el mismo proceso en ambos casos: cuando surgen el EZLN y Marcos, al inicio le damos el beneficio de la duda, porque sí nos parece un movimiento interesante, genuino en ese momento, pero decidimos investigar, no nos quedamos con la impresión primera que teníamos. Esa es la diferencia entre nosotros y muchos otros periodistas que prefieren quedarse con lo "políticamente correcto" y lo más seductor.

En el caso de Guatemala es lo mismo: al inicio la versión oficial y de la ODHA nos parecía bastante creíble; pero no nos quedamos allí, decidimos ir más adelante, y es donde descubrimos realmente de qué se trataba.

Yo creo que sí son procesos intelectuales que a mí me parecen muy positivos y finalmente me da igual lo que opinan los "políticamente correctos" que ven que sus esquemas son quebrados, a pesar de que van a seguir con ellos. Pero sí logramos crear un cierto pánico en esos sectores, y no saben muy bien cómo contestar, cómo repeler este trabajo.

Esto obliga a un debate. Antes no había un debate, y espero que ahora sí lo haya.

MR: En el caso de Marcos sí hubo debate, y en el caso de Guatemala lo que esperamos es que sea una buena patada en el hormiguero para, agilizar el proceso judicial, presentar la otra versión en la que consideramos que tres personas inocentes que han estado presas (una de ellas ya muerta en la cárcel) y que los culpables están libres. Además se estaba imponiendo una versión totalmente trastocada en la que los malos son buenos y los buenos, son malos.

Esperamos que esto sacuda el proceso judicial, y también sacudir la hipocresía que pervive en la sociedad guatemalteca tanto con respecto a la Iglesia católica como con respecto a las ONG'S. Me parece sano que la opinión pública empiece a tomar distancias, aunque sí las ha tomado en programas de radio, por ejemplo. Allí te das cuenta de que el ciudadano medio es mucho más listo de lo que muchos creen. Otra cosa es la visión que proyectan los medios de comunicación, los columnistas; pero el ciudadano de a pie tiene mucho más olfato y se muestra reticente a estos procesos.

Pero de todas maneras es muy duro. Nadar a contracorriente es muy desgastante.